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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició una ofensiva legal en Estados Unidos tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos relacionada con operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La dependencia presentó denuncias ante el Departamento de Justicia y diversas fiscalías estatales estadounidenses, además de solicitar la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el gobierno mexicano, 14 de los fallecimientos ocurrieron mientras los connacionales permanecían bajo custodia del ICE, mientras que tres más perdieron la vida durante operativos migratorios. Entre los casos que impulsaron estas acciones se encuentra el de Lorenzo Salgado, quien murió tras recibir un disparo durante una redada en Houston, Texas.

Además de las denuncias penales, la Cancillería analiza emprender acciones civiles contra empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria, por presuntas negligencias médicas, malas condiciones de internamiento y otras posibles irregularidades que habrían contribuido a la muerte de migrantes mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estas medidas no buscan generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, sino garantizar justicia para los connacionales y exigir que se respeten sus derechos humanos. También hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país para respaldar la defensa de los mexicanos en el extranjero y evitar que estos casos queden impunes.

Con esta estrategia, el Gobierno de México endurece su respuesta frente a los fallecimientos registrados durante la política migratoria estadounidense, al pasar de las notas diplomáticas a acciones legales nacionales e internacionales para buscar responsabilidades y reparación para las familias de las víctimas.