CHIHUAHUA.- El exgobernador Javier Corral Jurado le solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) integrarse a la defensoría del fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, investigado y vinculado a proceso por el presunto delito de tortura psicológica contra personas interrogadas en medio de la Operación Justicia para Chihuahua, en la que fue uno de los principales partícipes.
Si bien hasta el momento no se ha precisado el momento en que Corral entregó su petición al TSJ, se especulan dos períodos: entre el 22 y el 24 de noviembre, fechas en las que, respectivamente, las autoridades llevaron a cabo la audiencia inicial contra González Arredondo y le dictaron prisión preventiva; o entre el 26 y el 27, antes de que fuera vinculado a proceso por —indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) «ejercer tratos crueles, humanos y degradantes» contra varios testigos protegidos.
Interrogado sobre su percepción al respecto, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, manifestó que González Arredondo posee la libertad de añadir a su equipo de defensores legales a quien desee. No obstante, advirtió que se trata de asuntos que, con facilidad, pueden caer en la politización, por lo que se reservó su postura personal.
En sus palabras: «No pudiera calificarlo yo, pero, en todo caso, está en su derecho. Toda persona puede nombrar defensor a quien considera conveniente, pero nosotros [los servidores públicos estatales] [estamos] muy claros en el sentido de no politizar asuntos que tengan que ver sobre la justicia, ni emitir opiniones gratuitas en torno a eso».
Para investigar la corrupción y los desvíos de recursos cometidos durante el mandato de César Duarte, Corral anunció en 2016 la Operación Justicia para Chihuahua, conformada por un equipo de especialistas entre los cuales figuraba González Arredondo como principal perito.
En medio de la Operación fueron detenidos más de 15 funcionarios; de ellos, algunos denunciaron que, en medio de los interrogatorios, fueron sometidos a tortura en la antigua Casa de Gobierno por parte de los entonces trabajadores de la FGE. Y en 2018 se le designó como fiscal de Derechos Humanos, cargo al que desistió en 2021 con la llegada del nuevo gobierno.
Desde la mediatización de su proceso penal, el funcionariado chihuahuense y el federal han emitido pronunciamientos dispares: el pasado martes 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las acciones de la administración estatal y advirtió que, a su juicio, todo aquel que llegó a denunciar los actos de corrupción cometidos por Duarte o su administración son objeto de persecución, hostigamiento y venganza política.
En contraparte, Jáuregui Moreno tildó a López Obrador de «mal informado», mientras que el fiscal general Roberto Fierro Duarte indicó que sus declaraciones denotan un «sesgo de tipo político», pues, aseguró, la FGE se ha apegado al debido proceso y a la Ley, por lo que, subrayó, el proceso no resulta afectado por los señalamientos de la Federación.
El 25 de noviembre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, recibió un escrito de González Arredondo, en el cual le pidió que asumiera las indagatorias, pues —remarcó— los testigos protegidos que lo denuncian llegaron a ser colaboradores de Duarte. Fue hasta este sábado 16 de diciembre que la FGR le otorgó a la FGE un plazo máximo de 24 horas para que le entregara una copia de los expedientes contra González Arredondo.
Ayer por la tarde la FGE publicó un comunicado para responderle a la FGR. Refirió encontrarse imposibilitada jurídicamente para atender su llamado, puesto que —detalló— la etapa actual en la que se encuentra el procedimiento, en la integración de la carpeta, un juez fue designado como autoridad oficialmente encargada.