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El Sistema Penitenciario en el Estado de Chihuahua ha reducido los problemas de sobrepoblación en sus reclusorios, de forma que, según indicadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la entidad federativa pasó de semáforo rojo a amarillo en dos instalaciones del Centro de Readaptación Social (CERESO) desde el 1 de enero de 2023, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tomó el control de los reclusorios.
A partir de esta información, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, hizo énfasis en que la corporación a su cargo ha trabajado y trabaja hasta la fecha en disminuir el hacinamiento y los incidentes que le circunscriben, al grado de que estima llegar a semáforo verde en un plazo no muy lejano. «Hemos ido abatiendo poco a poco los problemas drásticos que tenemos», aseveró.
El CERESO número 3, en Ciudad Juárez, pasó de un 42% en el sobreaforo a un 9%, y estima que los niveles lleguen a cero dentro de poco, dijo. Y, en otro ámbito, añadió que, en los últimos dos años, el Sistema Penitenciario contaba con apenas 450 reos que trabajan en algún programa de reinserción, cuando en la actualidad se tiene registro de aproximadamente 4 mil 500, casi la mitad del total.
Otras de las estrategias a implementar —dijo— es aumentar la cantidad de personal en las cárceles. Con base en los parámetros de la CNDH, el funcionario recordó que los penales de baja seguridad (que imperan en Chihuahua a excepción del CERESO en Aquiles Serdán, que corresponde a mediana seguridad) deben contar con un custodio por cada persona privada de la libertad, un estándar que la entidad todavía debe alcanzar.
Las medidas para llegar a tal condición, en sus palabras, es la implementación de tecnologías de vigilancia, que no son contempladas por la CNDH, así como incorporar a cuanto menos 200 trabajadores en 2025 por medio de una convocatoria aún abierta.
