La justicia federal dictó la primera sentencia absolutoria en la Estafa Maestra, al concluir que no existe delito en una contratación acusada de indebida y que, en todo caso, es un asunto que debe ser sancionado por la vía administrativa y no penal.
Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control federal del Reclusorio Norte, constituido en tribunal de enjuciamiento, absolvió a Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo, del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El 28 de diciembre de 2018, Nochebuena fue el primer ex funcionario vinculado a proceso por la Estafa Maestra; ahora es el primer absuelto.
Al hidalguense se le acusó de ser parte del contrato adjudicado por la Sedatu a la UPFIM, por 185 millones 839 mil 480 pesos para desarrollar un software para el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
La Fiscalía General de la República afirmó que no había pruebas de que el servicio se hubiese prestado.
Rodrigo Maldonado Ríos, abogado del ex Rector, explicó en entrevista que en el juicio demostraron que el servicio sí fue prestado.
Si bien, la FGR señaló que lo indebido radicaba en que la UPFIM subcontrató el 97.91 por ciento del monto total del contrato -sobrepasando el 49 por ciento establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público-, el juez sentenció que ésta era una infracción que no podía ser sancionada por la vía penal.
«La violación a una ley administrativa y su reglamento no es delito, es una infracción, además de que el servicio fue prestado. Esto no es delito, es materia administrativa y hay un procedimiento que se tramitó en su momento», dijo Maldonado.
«Esto traerá un efecto dominó (en la Estafa Maestra), categóricamente lo asevero, esta resolución va a ser la guía y luz, porque un juez de pleno conocimiento del derecho penal llegó a la conclusión de que es un tema administrativo. ‘Váyanse a los juzgados administrativos, váyanse a los juzgados civiles, si no están conformes vayan a la rescisión del contrato’, así lo dijo el juez, porque este asunto no es penal».
La sentencia en favor de Nochebuena fue dictada luego de cinco días de audiencias en el juicio, en el que comparecieron 14 funcionarios de la UPFIM y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), peritos y policías ofrecidos por la Fiscalía.
El defensor del ex rector sólo ofreció dos testimonios, el de un perito en informática y el de una especialista en contrataciones públicas, pero ya en el juicio se desistió del primero al resultar innecesario, porque los mismos forenses ofrecidos por la FGR admitieron que los servicios contratados sí fueron entregados.
Al final, fue a juicio con un solo testimonio de descargo.
La FGR pidió al juez imponerle a Nochebuena 18 años de prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de una reparación del daño equivalente a los más de 185 millones de pesos del contrato.
Ahora que ha sido absuelto, puede impugnar el fallo ante un tribunal unitario de apelación.
Sobre la acusación de la FGR, Nochebuena declaró al juez de la causa que nunca conoció ni se reunió con funcionarios de la Sedatu para suscribir dicho convenio, sino que la secretaría se lo mandó firmado a su oficina en Hidalgo.
Dijo que nunca se reunió con Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, ni con Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, para suscribir el convenio específico.
Ambos ex funcionarios federales de hecho denunciaron que sus firmas fueron falsificadas en dichos contratos.
González Tiburcio está bajo proceso por el mismo delito que Nochebuena, mientras que Saldaña Flores está procesado por falsedad en declaración.