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La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, durante 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, destacó que con el objetivo de dignificar la estancia de reos en las cárceles y respetar sus derechos humanos, se ha trasladado a más de 13 mil personas privadas de la libertad a penales federales con la y celebró el éxito del Voto Anticipado en prisión preventiva.
Gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha trabajado en la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios en México, por lo que se han logrado trasladar a 13 mil 319 internos a penales federales, señaló la funcionaria federal.
La estrategia de seguridad en el país, añadió, se mantiene con especial énfasis en la dignificación de las cárceles del país, con un respeto pleno a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En cuanto a los traslados, explicó, tienen el objetivo de reducir los riesgos de incidentes al interior de los centros estatales.
De acuerdo con la funcionaria federal, el Estado de México fue la entidad con más traslados con un total de mil 938, seguida de la Ciudad de México y Chihuahua, con mil 771 y mil 728, respectivamente. En Zacatecas, reportó, se trasladaron a mil 348, mientras que en Nuevo León a mil 193 personas privadas de la libertad.
En cuanto al voto al interior de las prisiones, Rosa Icela Rodríguez celebró el éxito que tuvo, ya que la coordinación con el Instituto Nacional (INE) permitió que, entre el 6 y 18 de mayo, por primera vez hombres y mujeres privados de su libertad y sin sentencia participaran en el ejercicio democrático.
Por otro lado, Hazael Ruiz, comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la de Marina (Semar) y la Guardia Nacional para la movilización de las personas y concluyó al señalar que, gracias a la coordinación entre el gobierno federal y los estatales se ha consolidado una política penitenciaria digna y respetuosa de los derechos humanos.
