El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a funcionarios gubernamentales y otras personas que facilitaron la migración irregular hacia territorio estadounidense.
La medida incluyó a funcionarios de inmigración, aduanas, aeropuertos y autoridades portuarias que, a sabiendas, permitieron o promovieron el cruce ilegal de personas a través de la frontera sur de Estados Unidos. También se dirigió a individuos que participaron en la emisión indebida de documentos de viaje o facilitaron el tránsito de migrantes sin cumplir con los requisitos legales.
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El gobierno de Estados Unidos indicó que esta política tuvo como objetivo desalentar prácticas que contribuyeron al tráfico de personas y a la migración irregular. Además, advirtió que la restricción de visados no solo aplicó a los funcionarios directamente involucrados, sino también a otros actores que colaboraron en estas actividades.
El Departamento de Estado reiteró que la implementación de esta política fue parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y evitar el uso indebido de documentos oficiales en el proceso de movilidad internacional.
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