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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a funcionarios gubernamentales y otras personas que facilitaron la migración irregular hacia territorio estadounidense.
La medida incluyó a funcionarios de inmigración, aduanas, aeropuertos y autoridades portuarias que, a sabiendas, permitieron o promovieron el cruce ilegal de personas a través de la frontera sur de Estados Unidos. También se dirigió a individuos que participaron en la emisión indebida de documentos de viaje o facilitaron el tránsito de migrantes sin cumplir con los requisitos legales.
El gobierno de Estados Unidos indicó que esta política tuvo como objetivo desalentar prácticas que contribuyeron al tráfico de personas y a la migración irregular. Además, advirtió que la restricción de visados no solo aplicó a los funcionarios directamente involucrados, sino también a otros actores que colaboraron en estas actividades.
El Departamento de Estado reiteró que la implementación de esta política fue parte de los esfuerzos para fortalecer el control migratorio y evitar el uso indebido de documentos oficiales en el proceso de movilidad internacional.
