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El exgobernador Javier Corral Jurado expresó que la reciente resolución judicial en Texas relacionada con el exmandatario César Duarte no representa una absolución ni exoneración penal, sino la desestimación de una demanda civil.
El exmandatario señaló que el procedimiento legal no fue impulsado por autoridades estadounidenses, sino por el Gobierno del Estado de Chihuahua, que en su momento presentó una demanda para recuperar bienes adquiridos presuntamente con recursos provenientes de actos de corrupción.
Corral explicó que dicha demanda no prosperó debido a que la administración estatal actual, no entregó la documentación requerida por el despacho legal estadounidense que llevaba el caso. Y afirmó que esa omisión imposibilitó a los representantes legales continuar con la acción judicial, y que por tanto, Duarte no tuvo que probar su inocencia. En consecuencia, la resolución no significa que se haya descartado la existencia de actos ilícitos.
También sostuvo que durante años se solicitó la colaboración del Gobierno de Chihuahua para aportar pruebas relacionadas con las propiedades adquiridas por Duarte, cuyo valor estimado superaría los 25 millones de dólares. Sin embargo, según Corral, nunca hubo respuesta, lo cual permitió que el caso fuera desestimado. Agregó que no fue una acción legal personal, sino institucional, respaldada por 21 órdenes de aprehensión emitidas durante su gestión.
Finalmente, señaló que, a su juicio, el desistimiento de la acción judicial por parte del gobierno actual refleja una postura de protección hacia Duarte. Atribuyó su libertad, la recuperación de bienes y su reaparición pública a la complicidad política entre el exgobernador y la administración estatal en funciones. Enfatizó que no se trata de un asunto personal, sino de una demanda legítima del pueblo de Chihuahua por justicia.
