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El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, señaló que la atracción del caso del exgobernador César Duarte podría tener consecuencias directas en los procesos conocidos como Justicia para Chihuahua, al limitar la competencia de las autoridades locales para auditar y sancionar el uso de recursos públicos.
Explicó que la resolución de un Tribunal Colegiado pone en entredicho la facultad de los estados para fiscalizar participaciones federales, lo que impactaría investigaciones en curso. “Con esta resolución se pone en entredicho eso y entra en una confusión de competencia no solamente en Chihuahua, sino en todo el país”, expresó.
Acosta Félix advirtió que esta situación podría derivar en la imposibilidad de que tribunales locales sancionen a exfuncionarios vinculados al caso Duarte. “Pareciera que los tribunales locales no podrían sancionar a los excolaboradores del exgobernador César Duarte e incluso al propio exgobernador”, señaló.
Afirmó que la decisión judicial tendría efectos colaterales al beneficiar indirectamente a una sola persona, pero afectando procedimientos legales de mayor alcance. “Por querer favorecer exclusivamente a una persona que promovió el tema, están beneficiando y poniendo en riesgo los procedimientos legales de toda la llamada justicia para Chihuahua”, declaró.
Finalmente, el auditor indicó que el tema deberá ser analizado con el Poder Legislativo, ante las implicaciones que tendría para las auditorías estatales en todo el país. “Es algo que tengo que analizar con los diputados, las consecuencias que puede tener esto trastocan todo el sistema de competencias a nivel nacional”, concluyó.
