Ciudad de México, 6 de febrero de 2023.- Desde diversos frentes, cada vez más sectores de la sociedad se oponen al autoritarismo del régimen del presidente López Obrador y su intención de instaurar un mandato transexenal con una “corcholata” Juanita. Diversas organizaciones de la sociedad civil, además de los partidos de oposición, llevan a cabo acciones para oponerse a las violaciones a la Constitución Mexicana y pugnan por que ésta sea respetada irrestrictamente. Acuden al Poder Judicial para hacer prevalecer la Carta Magna y las leyes que de ella emanan ante los intentos del mandatario de imponer su proyecto de gobierno por encima de las leyes y la confrontación de la sociedad como la principal arma de su administración. Por eso, el llamado “Plan B” electoral de AMLO se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de nuestra historia.
El intento del inquilino de Palacio Nacional de apropiarse del árbitro electoral a través del destazamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), se enfrenta a la oposición de la sociedad mexicana. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, apunta: hasta el 1 de febrero pasado se habían presentado contra la reforma un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos de oposición y diversos legisladores, además de una controversia constitucional interpuesta por el propio INE.
Además de lo anterior, se espera un número mayor de acciones jurídicas y sociales. De acuerdo a la investigación encabezada por César Alejandro Giles Navarro, todos los actores promoventes de acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental ya anunciaron harán lo mismo con las reformas electorales en donde se toca la estructura y funcionamiento del INE. Los inconformes señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan: las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos, poniendo en riesgo la organización del proceso electoral del 2024.
El estudio del IBD recupera también algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del “Plan B”, entre los cuales destacan aspectos como la austeridad que generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales. Hasta ahora no se había puesto precio a la democracia. Pero, ahorrar pesos a cambio de generar un caos, resulta inadmisible, más aún cuando, los principales de la 4T como Adán Augusto López, quien se ha dado el lujo de emular al primer mandatario y señalar está el gobierno por encima de la Constitución, lo cual, en boca de un iletrado es absurdo, pero tratándose del segundo en el mando presidencial es incomprensible, imperdonable, revela toda la ignorancia e incapacidad con la cual se rodean los “elegidos” como comparsa del gran dedo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver los recursos antes de junio de este año para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024. Para invalidar el “Plan B” se requiere el voto de una mayoría calificada del pleno de la Corte, es decir, de ocho de los 11 ministros. Ya han sido presentadas ante diversas acciones de inconstitucionalidad, las cuales buscan combatir los cambios a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA) aprobadas por el Congreso de la Unión, y publicadas en el DOF del 27 de diciembre de 2022.
Quienes presentaron tales acciones fueron los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), además del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda. Los cambios a esas leyes, según los dirigentes partidistas, tienen matices que bien podrían vulnerar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 41 y 134, no obstante, será necesario la Corte realice un análisis minucioso para llegar a esta determinación.
El INE presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se advierte: cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año y de 2024, cuando se llevarán a cabo elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. También señalaron: las reformas favorecen el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios gubernamentales con el objetivo de promover su imagen (prohibido actualmente por la Constitución),con lo cual desequilibran la contienda electoral.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posiciones ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, convocó a la ciudadanía a que promueva la mayor cantidad posible de recursos legales contra los cambios legales.
Los partidos de oposición advierten sobre la pretensión tanto de AMLO como de sus cuatro aspirantes a candidatos presidenciales–todos ellos servidores públicos en funciones- para usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. Durante la celebración del 5 de febrero en Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri, destacó en su discurso el tema electoral: “No hay libertad sin democracia, son las dos grandes bases dentro de las cuales se creó la Carta Magna (…) La democracia es la columna vertebral del sistema político en México. No hay libertad sin democracia que son las más caras aspiraciones políticas, son los ciudadanos quienes legitiman los procesos electorales. Por ello, se debe trabajar por alcanzar más espacios de igualdad material sin sacrificar las libertades políticas (…) No habrá igualdad social. La libertad que no se ejerce, se pierde”.
Las siguientes semanas serán críticas para el resto de las iniciativas pendientes en aprobar, pues recordemos: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
DE LOS PASILLOS
Cambios de comunicadores, periodistas, directores de medios, se han dado en este régimen como en ningún otro y no precisamente por conveniencia únicamente de los propietarios, sino han sido utilizados como moneda de cambio para poder obtener apoyos económicos. O sea la misma compra pero ahora aderezada con bajezas, cinismo y mucha, mucha corrupción. La lista es larga, obviamente los críticos laborando en canales oficiales estuvieron en la primera etapa. La huelga de Notimex, el negarse a solucionarla, busca su desaparición, acabar con la agencia de noticias del será esa mano agarrada de la presidencial lo que la ayude, más bien la está quemando y, donde doña Beatriz Muller se entere del escándalo en torno a la foto circulando, mejor será la convenza de tomarse otro retrato con ella, también dela mano, por supuesto.Estado, la cual tenía presencia internacional… Destruir es la estrategia, pero no para edificar algo mejor, sino para poder aplastar las pocas libertades obtenidas através de decenas de años…
Si se piensa es Quintana Roo un ejemplo de éxito, tal vez se encuentre algún apoyo tomando en consideración la ocupación en temporada alta, misma superior a la registrada en otros centros turísticos. Pero, hablar de gobierno, de prosperidad para los ciudadanos, de bienestar o de calles seguras, de iluminación correcta, de parques y jardines envidiables o de trámites burocráticos no engorrosos, eso ya es otra cosa. Una altísima deuda heredada por quien hoy está plácidamente sentado en la embajada en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González, le ha dado al traste a cualquier plan de su sucesora. Se dice es debido a estos empréstitos unidos a los de corto plazo, que la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, ha pedido algunos cientos de millones de pesos más de crédito. Ya hizo la consabida reestructura y estando a punto de quedarse sin Fonatur, con el paquete de entregar 30 mil despensas por seguir de quedabien, de poco, muy poco, le va a servir ser quien presida la Comisión de Igualdad de la momificada Conago, y mucho menos.