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La Diputada Federal por Chihuahua Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo, explicó los pormenores de su iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que tiene el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de medidas privativas de la libertad e internamiento para adolescentes que cometen delitos graves.

La diputada cuauhtemense precisó que la iniciativa busca establecer una duración mínima de tres años para las medidas privativas de la libertad en casos de delitos graves, como homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, entre otros. Asimismo, se propone incluir la tentativa de feminicidio y homicidio como delitos que ameritan la imposición de medidas privativas de la libertad.

La diputada Greycy Duran, refirió que en los últimos años, México ha enfrentado un incremento en la participación de adolescentes en delitos de alto impacto, como homicidios, violaciones, portación de armas y narcomenudeo. Esto sustentado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en 2022, cerca de 3,413 adolescentes fueron acusados de cometer delitos, con un 30.2% cumpliendo sanciones en centros de internamiento.

Expuso algunos casos emblemáticos, como el del “Niño Sicario” en Veracruz o el feminicidio de una adolescente en Chihuahua, han evidenciado la necesidad de revisar y fortalecer el marco legal para garantizar que los adolescentes que cometen delitos graves reciban un tratamiento proporcional a la gravedad de sus actos, sin dejar de lado los principios de justicia y reinserción social.

¿De qué trata la reforma?

1. Duración Mínima de Medidas Privativas de la Libertad: Se establece una duración mínima de tres años para las medidas privativas de la libertad en casos de delitos graves cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años.

2. Inclusión de la Tentativa de Feminicidio y Homicidio: Se propone que la tentativa de feminicidio y homicidio sean consideradas como delitos que ameritan la imposición de medidas privativas de la libertad.

3. Internamiento como Medida Extrema: Se refuerza el carácter de último recurso del internamiento, pero se establece una duración mínima de tres años para casos graves, garantizando que los adolescentes reciban un tratamiento adecuado y proporcional a la gravedad de sus actos.

“Esta iniciativa busca cerrar un vacío legal que ha permitido que adolescentes que cometen delitos graves no reciban un tratamiento proporcional a la gravedad de sus actos. No se trata de criminalizar a los jóvenes, sino de garantizar que la justicia sea efectiva y que las víctimas y sus familias encuentren respuestas en el sistema de justicia”, comentó la legisladora petista.

“Es fundamental que, como sociedad, protejamos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también es nuestra responsabilidad garantizar que aquellos que cometen delitos graves sean tratados con la seriedad que estos casos requieren”, explicó Durán Alarcón.

La iniciativa será sometida a consideración de la Honorable Asamblea para su análisis y discusión en las comisiones correspondientes.