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A lo largo del proceso de reforma judicial en Chihuahua, el debate se extendió más allá del Congreso del Estado y atravesó a todo el espectro gubernamental, partidista y electoral de la entidad, con posturas que fueron cambiando conforme avanzó la implementación del nuevo modelo de elección de personas juzgadoras.
En una primera etapa, el tema se posicionó como parte del conflicto político nacional entre la oposición y el Gobierno federal encabezado por Morena. Desde Chihuahua, actores del PAN, del gobierno estatal y de sectores empresariales y jurídicos cuestionaron la elección popular de jueces y magistrados al considerar que respondía a una estrategia federal para debilitar la autonomía del Poder Judicial. El discurso se centró en advertir riesgos de politización, pérdida de especialización y control partidista desde la federación, con pronunciamientos públicos de funcionarios estatales, dirigencias partidistas y organismos colegiados.
Conforme la reforma avanzó y se confirmó que Chihuahua llevaría a cabo su propio proceso de elección judicial, el enfoque político comenzó a modificarse. El gobierno del estado y el PAN, que inicialmente habían marcado distancia y crítica frente al modelo impulsado desde el centro del país, participaron activamente en la definición de reglas, tiempos y perfiles, mientras el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral asumieron un papel central en la organización y resolución de controversias del proceso.
En ese contexto, diversos actores políticos y sociales señalaron que el proceso fue aprovechado por el grupo gobernante en el estado para promover candidaturas cercanas a la administración estatal y a estructuras partidistas locales, particularmente del PAN, con el objetivo de incidir en la integración futura del Poder Judicial del Estado. La discusión pública pasó entonces del rechazo al modelo federal a los cuestionamientos sobre el uso político local de la reforma, el respaldo indirecto a ciertos aspirantes y la posible conformación de mayorías afines al Ejecutivo estatal en juzgados y magistraturas.
El desarrollo de la elección judicial, las impugnaciones posteriores y la toma de protesta de las personas electas mantuvieron abierto el debate sobre la independencia judicial, ahora ya no solo en relación con la federación, sino también frente al poder político local. Así, la reforma judicial en Chihuahua transitó de ser un tema de confrontación contra Morena y el Gobierno federal a convertirse en un mecanismo disputado por los propios actores estatales, reflejando una reconfiguración del control político sobre el Poder Judicial y una discusión aún vigente sobre los alcances reales de la autonomía judicial en la entidad.
