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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabajó en una propuesta de reforma que buscaba modificar el modelo de autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales. La iniciativa pretendía que el Ejecutivo federal y los gobernadores recuperaran la facultad de nombrar y remover a los titulares de estas instituciones, como ocurría antes de la reforma de 2014.

Según reportes de medios como El País, el borrador de la reforma contemplaba que los actuales fiscales concluyeran sus periodos, pero que sus sucesores fueran designados directamente por el presidente o los gobernadores, eliminando la participación del Senado y de los congresos locales en el proceso de selección.

La propuesta surgió en medio de tensiones entre gobiernos de Morena y fiscales estatales nombrados por administraciones anteriores, quienes, según el partido oficialista, habrían obstaculizado investigaciones clave. Casos en Guanajuato, Morelos y Tamaulipas fueron citados como ejemplos de estas fricciones.

Sin embargo, el 19 de mayo de 2025, la presidenta Sheinbaum desmintió que existiera una iniciativa formal para eliminar la autonomía de las fiscalías. Durante una conferencia de prensa, afirmó que no había ninguna propuesta en curso para que el Ejecutivo federal o los gobernadores designaran directamente a los fiscales .

La mandataria indicó que, aunque se contemplaba una reforma al Poder Judicial, cualquier discusión sobre cambios en las fiscalías se abordaría en el futuro y no estaba planteada en ese momento.