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Miles de jóvenes de la llamada Generación Z se movilizaron recientemente en varias ciudades de México para protestar contra lo que llaman un “narco-estado”: acusan al gobierno de permitir que los cárteles tengan demasiada influencia. Muchos de ellos ondeaban banderas negras con emblemas de la cultura pop, como personajes de anime, para expresar su descontento.

Las manifestaciones no solo se centraron en la violencia: los jóvenes también criticaron la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades laborales. Dijeron que muchos carteles no solo trafican drogas, sino que tienen redes que llegan hasta lo político.

Durante las protestas hubo enfrentamientos con la policía; varios agentes resultaron heridos, lo que generó aún más tensión entre manifestantes y autoridades. Algunos manifestantes sugirieron que estos eventos no se planean solo por ideales, sino también por intereses políticos.

El presidente Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de que su gobierno esté coludido con las organizaciones criminales, pero los manifestantes no dejaron de insistir en que las estructuras del Estado deben cambiar para cortar la relación entre política y crimen organizado.

Además de las marchas, la Generación Z ha pedido reformas profundas, desde demandas de justicia hasta cambios en las políticas de seguridad. Quieren que los responsables políticos respondan por sus posibles omisiones frente al crimen.

Este movimiento ha llamado la atención no solo por su energía juvenil, sino también por su organización en redes sociales. Jóvenes activistas han usado plataformas digitales para coordinar acciones, transmitir sus mensajes y ganar visibilidad mediática.

Algunos analistas señalan que esta protesta es más que un simple reclamo: podría ser un parteaguas en la manera en que la juventud mexicana participa en la política y exige rendición de cuentas.

Sin embargo, no todos los actores políticos están dispuestos a escuchar. Hay sectores que defienden que las protestas son parte de una estrategia opositora, mientras que otros coinciden en que el tema de la seguridad debe transformarse desde abajo.

El reto para el gobierno es responder sin militarizar más la protesta ni criminalizar a la juventud, y al mismo tiempo transmitir soluciones reales para la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado.