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A fin de considerar materia de salubridad general la prevención y atención de la ludopatía e incluirla en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 73 de la Ley General de Salud.

La propuesta enviada a la Comisión de Salud para su análisis, busca que el Estado mexicano reconozca formalmente la ludopatía como un problema de salud pública que exige prevención, diagnóstico y atención clínica especializada.

Indica que este reconocimiento permitirá garantizar el acceso a tratamientos integrales, fortalecer las capacidades del personal médico y psicológico y establecer programas permanentes de rehabilitación y acompañamiento, bajo criterios técnicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

“Solo así será posible dar una respuesta estructurada y eficaz a un fenómeno que, aunque silencioso, afecta cada vez a más mexicanas y mexicanos y representa una amenaza directa para la salud mental y la cohesión social del país”, añade.

La diputada considera que es urgente adoptar un enfoque sanitario integral para abordar la ludopatía como un trastorno adictivo de carácter crónico y recurrente. “La omisión de su reconocimiento y tratamiento oportuno genera consecuencias graves en la salud mental, emocional y económica de las personas, afectando a su entorno familiar y social, con impactos acumulativos en los sistemas de salud pública y bienestar social”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reconocido públicamente los riesgos asociados al juego patológico mediante una alerta reciente en la que advierte sobre la dificultad de controlar el impulso de apostar y su impacto negativo en la vida familiar, social, laboral y personal, refiere.

Paralelamente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ha tomado cartas en el asunto al establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y líneas de atención para las adicciones, incluyendo el juego patológico dentro de su marco general de atención a conductas adictivas; sin embargo, su alcance resulta insuficiente para enfrentar la magnitud del problema.

Advierte que la expansión del acceso digital, la normalización de las apuestas en medios y la ausencia de un marco jurídico específico agravan la situación, dejando a miles de personas expuestas a una adicción que avanza silenciosamente”.

Por ello, enfatiza, se vuelve impostergable legislar en esta materia, con el fin de fortalecer las capacidades del IMSS, Conadic y demás instituciones públicas, otorgándoles bases legales sólidas para intervenir de manera directa, oportuna y efectiva frente a una problemática de salud pública que amenaza con intensificarse en los próximos años.

Al integrar la atención de la ludopatía dentro del marco de los servicios de salud mental y adicciones ya existentes en el Sistema Nacional de Salud, resalta, no se genera un impacto presupuestal adicional significativo, dado que se aprovechan las estructuras, recursos humanos y programas de prevención, diagnóstico y tratamiento que actualmente operan para las adicciones y trastornos mentales.

La inclusión de la ludopatía se traduce en una optimización de los servicios existentes, permitiendo que los mismos centros de atención, líneas de orientación, personal especializado y protocolos clínicos sean aplicables también a las personas con trastornos de juego, puntualiza.