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La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC) planteó una iniciativa para establecer en la Constitución Política que toda propaganda impresa deberá ser reciclable y fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

La reforma al párrafo noveno al artículo 134 de la Carta Magna fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En su exposición de motivos, señala que la generación de basura electoral se ha convertido en un problema ambiental relevante en México, derivado del uso masivo de propaganda impresa, plásticos, lonas, pendones y otros materiales de corta vida útil, que, tras las campañas, terminan en calles, barrancas y rellenos sanitarios.

Señala que las reformas político-electorales de 2007-2008 y de 2014 incorporan a la legislación mexicana la exigencia de que la propaganda de partidos y candidaturas debía ser reciclable y biodegradable.

Con ello, se construyó un marco discursivo que identifica a la propaganda política como generadora de contaminación por residuos sólidos, vinculando esta regulación con un discurso ambiental más amplio asociado a la idea de modernización ecológica.

Refiere que Greenpeace estimó que el proceso electoral 2023-2024, a nivel nacional, generó cerca de 20 mil toneladas de basura electoral, en su mayoría plásticos, lonas de PVC y vinilos. Mientras que el Observatorio Basura Cero CDMX calculó que entre el 4 y 8 por ciento de esa basura se dio en la Ciudad de México, aproximadamente entre 800 y mil 600 toneladas.

Para la diputada Ballesteros Mancilla atender esta problemática exige una respuesta integral que involucre a autoridades electorales, gobiernos locales, partidos políticos y ciudadanía, así como el fortalecimiento de mecanismos de supervisión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, implementar planes obligatorios de manejo de residuos de campaña y promover estrategias digitales de comunicación política.

Hace notar que también se requiere impulsar una ética ambiental, dentro de la actividad electoral, que priorice la responsabilidad social sobre la visibilidad partidista, de modo que la contienda democrática no se traduzca en un alto impacto ecológico en el que México ya no puede darse el lujo de ignorar.