La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, presentó una iniciativa para que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus equivalentes en los estados, coordinen la vigilancia y verifiquen la actualización del debido acceso y ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios.

Asimismo, supervisen, en coordinación con las autoridades penitenciarias, una base de datos actualizada de las niñas y niños que nacen y/o viven con sus madres en dichos centros.

En la exposición de motivos precisa que ambas propuestas buscan visibilizar las condiciones en las que viven y se desarrollan cada día las niñas y niños que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios, que evidentemente no son las más adecuadas, pues los menores crean su propio mundo entre cuatro paredes, y durante años han nacido y crecido dentro de las cárceles, incluso el espacio donde se encuentran es alarmante.

El documento, que reforma y adiciona fracciones del artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.

Expone que según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, emitido por el Inegi, ese año ingresaron dos mil 947 personas a los reclusorios federales y 144,855 a los estatales, dando un total de 147, 802 personas internadas.

Precisa que al cierre de 2023 la cantidad de mujeres embarazadas privadas de la libertad fue de 282 a nivel nacional, de las cuales el 56.4 por ciento se encontraba en periodo de lactancia, que comparado con el año anterior representó un aumento de 9.3 por ciento.

Además, se registraron 343 mujeres que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años y la Ciudad de México concentró la mayor cantidad de menores de seis años que permanecieron con sus madres.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos identificó que de los 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades no cuentan con centro específico para las mujeres, como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde las mujeres recluidas se mantienen en espacios mixtos.

La diputada Luna Ayala hace notar que las propuestas contenidas en su iniciativa abonarían a la claridad y certeza sobre la información referente a las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.