Con el fin de contar con una regulación integral de reciclaje y manejo de baterías recargables de ion-litio, utilizadas en bienes de consumo, equipos industriales, transporte eléctrico o sistemas de almacenamiento energético, las senadoras Liz Sánchez, Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Ana Karen Hernández y el senador Alberto Anaya, propusieron modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En tribuna, la senadora Liz Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), destacó que el objetivo es establecer una regulación integral que impulse el reciclaje y disposición adecuada de baterías de litio en México, al considerarlas como residuos de manejo especial o residuos peligrosos dependiendo de sus características físicas y químicas, su estado y volumen, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.

“En algún rincón de nuestras casas muchas veces hay una caja olvidada, un cajón lleno de objetos que ya no usamos, celulares que dejaron de funcionar, computadoras viejas, baterías hinchadas o cargadores inservibles. Lo que tal vez no sabemos o no siempre dimensionamos, es que muchos de esos residuos representan un riesgo real para la salud y el medio ambiente”, mencionó.

En este sentido, la legisladora por Puebla explicó que la propuesta busca garantizar un tratamiento diferenciado y seguro para este tipo de residuos tecnológicos, prevenir accidentes relacionados con su almacenamiento o disposición inadecuada y asegurar la correcta gestión de sus componentes mediante su recolección, reciclaje o confinamiento, conforme a lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

“La legislación actual, aunque contempla de forma general a las pilas y baterías no distingue entre tecnologías ni impone un tratamiento específico a las baterías de ion-litio que hoy representan un volumen creciente de residuos con características peligrosas”, detalló la senadora poblana.

Liz Sánchez resaltó que la reforma propuesta constituye un paso firme hacia un México más limpio, competitivo y comprometido con el bienestar de las generaciones futuras.

“Dotar al país de un marco normativo moderno, eficaz y preventivo en esta materia no es solo una necesidad jurídica: es una obligación ética, social y ambiental impostergable. Con ello, damos un paso firme hacia una gestión ambiental moderna, orientada por principios de prevención, valorización de residuos y economía circular”, aseveró la legisladora.

Liz Sánchez enfatizó que esta reforma no sólo responde a una necesidad ambiental, sino que es una oportunidad estratégica para el desarrollo nacional, la soberanía tecnológica y el desarrollo sostenible.

Y subrayó que el reciclaje de estas baterías permite recuperar litio, cobalto y níquel, reducir la dependencia tecnológica del exterior, generar empleos verdes y abrir una nueva industria nacional de reciclaje e innovación.

“Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestro compromiso con el pueblo, con la ciencia al servicio de la justicia social y con la defensa del medio ambiente como un derecho no como un privilegio”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictaminación.