La diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de que el delito de estupro se persiga de oficio y se contemplen agravantes específicas. La propuesta busca modificar el artículo 262 y derogar el 263, que actualmente exige la presentación de una querella para proceder penalmente. Con ello, se pretende que el Ministerio Público actúe de inmediato en los casos de cópula con personas mayores de 15 años y menores de 18, aun cuando no exista denuncia de la víctima o de sus representantes.
La legisladora planteó que las agravantes incluyan una diferencia de edad mayor a cinco años entre agresor y víctima, la entrega de dinero, bienes, favores, drogas u otros beneficios para obtener el consentimiento, así como situaciones de vulnerabilidad como pobreza, abandono, adicciones, violencia familiar o discapacidad. También se considerará agravante cuando exista embarazo derivado de los hechos. González Alonso subrayó que estas circunstancias hacen necesario eliminar los obstáculos que hoy permiten la impunidad.
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En su exposición de motivos, la diputada señaló que el requerimiento de querella revictimiza a las adolescentes, pues las obliga a iniciar por sí mismas un proceso penal, incluso cuando dependen de su agresor o carecen de redes de apoyo. Recordó que durante 2023 se abrieron 89 mil 253 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre ellos estupro, violación y abuso, lo que refleja el carácter estructural del problema.
González Alonso destacó que el estupro, definido como la cópula con adolescentes de 15 a 18 años obtenida mediante engaño, es uno de los delitos más invisibilizados en México. Actualmente, el artículo 263 del Código Penal Federal impide al Ministerio Público actuar sin una denuncia formal, aun cuando existan pruebas del delito o la víctima se encuentre bajo manipulación, coerción emocional o dependencia económica. Esta limitación, afirmó, perpetúa la impunidad y obstaculiza la protección efectiva de niñas y adolescentes.
La iniciativa, respaldada por integrantes del grupo parlamentario del PAN y enviada a la Comisión de Justicia, busca garantizar que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional e internacional de proteger de forma prioritaria a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual. La diputada recalcó que no se trata de endurecer las penas sin reflexión, sino de cerrar una puerta estructural a la impunidad y ofrecer una respuesta jurídica, social y ética que ya no puede postergarse.
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