Los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara estuvieron en contra de esta acción al considerar que el Poder Judicial no está capacitado para tomar esta decisión.

De mantener esta postura durante la votación, que se llevará a cabo el próximo jueves, el proyecto presentado por Luis María Aguilar no alcanzaría la mayoría calificada de ocho votos para ser declarada inconstitucional.

Ministros dividen opiniones sobre prisión preventiva oficiosa

Durante la discusión, la ministra Ríos Farjat sostuvo que la Constitución es el mayor pacto social, estableciendo las reglas bajo las cuales la sociedad mexicana pretende convivir, por lo que no está en las facultades de la SCJN modificarla.

“Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, sentenció la ministra.

Sin embargo, la ministra expuso que, a pesar de no poder remover la figura de la Constitución, sí es posible interpretar el Artículo 19 de manera distinta, para que la prisión preventiva deje de ser utilizada de manera obligatoria.

A pesar de que los demás ministros que se mostraron en contra reconocieron que la prisión preventiva viola Derechos Humanos, menos Esquivel que estuvo a favor de la figura, los juzgadores consideraron que es el Poder Legislativo el que tiene que realizar estos cambios.

Por el otro lado, estuvieron a favor de que se elimine esta figura el ministro presidente, Arturo Zaldívar, al igual que la ministra Norma Piña y los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Sobre las declaraciones que hicieron los ministros de asegurar que de llevar a cabo el proyecto se estarían realizando labores del Congreso, Zaldívar rechazó que se esté invadiendo a otro poder, ya que se estaría comparando a una norma de la constitución contra otra.

Según el ministro presidente, esto se debe a que en el artículo primero de la Constitución se establece que se reconocen todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte.

“Si nos tomamos en serio los derechos humanos y la Constitución, me parece que este antiguo paradigma ya no es aplicable. Quién interpreta la Constitución así se quedó por lo menos 11 años atrasado”, sostuvo el ministro presidente.