El primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió disculpas el miércoles a las víctimas de una antigua ley que llevó a la esterilización forzada de miles de personas en el país entre 1948 y 1996.
Sus palabras llegan dos semanas después de que el Tribunal Supremo japonés declarara inconstitucional esta ley que impedía la procreación de personas con enfermedades hereditarias, mentales o discapacidades para «evitar la generación de descendientes de poca calidad».
En una gran victoria para las víctimas, el tribunal también decretó que no podía aplicarse el plazo de 20 años de prescripción para la indemnización.
«La responsabilidad del gobierno en la aplicación de esta ley eugenista es extremadamente pesada», dijo Kishida en Tokio. «Expreso mis disculpas más sinceras en nombre del gobierno», agregó.
También se comprometió a tomar nuevas medidas para garantizar que las víctimas reciban una indemnización de 3.2 millones de yenes (unos 20 mil 500 dólares al cambio actual) anunciada en 2019, que se consideró muy baja.
El gobierno, que ya se había disculpado entonces, reconoció que alrededor de 16 mil 500 personas fueron esterilizadas a la fuerza en virtud de esa ley.
Las autoridades estiman que otras 8 mil 500 personas lo hicieron con consentimiento, aunque sus abogados aseguran que probablemente fueron «forzadas en la práctica».
El número de intervenciones cayó a mínimos en los años 1980 y 1990 antes que la ley fuera abolida en 1996.
Este sombrío periodo de la historia japonesa resurgió a la luz pública cuando una mujer en la sesentena denunció al gobierno en 2018 por una operación a la que fue forzada con 15 años.
Ley de esterilización
En julio de 2024, el Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional la ley de esterilización forzada, una normativa vigente entre 1948 y 1996.
Esta ley permitía la esterilización de personas con discapacidades y enfermedades hereditarias, con el objetivo de evitar el nacimiento de descendencia considerada «inferior». Aproximadamente 25 mil personas fueron sometidas a esta práctica, de las cuales 16 mil lo hicieron sin su consentimiento.
El fallo del Tribunal Supremo representa una victoria significativa para las víctimas, ya que también determinó que no se aplica un período de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización. Esto abre la puerta para que más personas puedan reclamar compensaciones por las esterilizaciones forzadas sufridas.
En 2019, el gobierno japonés implementó un marco de compensación que ofrecía alrededor de 3.2 millones de yenes (unos 20 mil 700 euros) por persona afectada.
Sin embargo, esta cantidad ha sido criticada por ser insuficiente dado el sufrimiento infligido. Desde 2018, varias víctimas han presentado demandas contra el gobierno, buscando mayores compensaciones y el reconocimiento pleno de sus derechos violados.
El caso de Saburo Kita, que fue sometido a una vasectomía a los 14 años, destaca el dolor y la injusticia que muchos han enfrentado durante décadas.
La lucha de Kita y otros sobrevivientes ha sido fundamental para llevar este oscuro capítulo de la historia japonesa a la luz y lograr justicia y reparación.