Donald Trump mantiene en 2026 una presión legal, política y económica sobre Google, a partir de acuerdos judiciales millonarios, señalamientos por presunto sesgo informativo y exigencias financieras dirigidas a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

YouTube, propiedad de Google, acordó en septiembre de 2025 el pago de 24.5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por Trump tras la suspensión de su cuenta en 2021, de los cuales 22 millones fueron destinados a una organización sin fines de lucro vinculada a la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, mientras el resto cubrió gastos legales.

Durante su campaña y en los primeros meses de su nuevo mandato, Trump ha reiterado que Google utiliza mecanismos para priorizar noticias negativas sobre su figura y favorecer a medios con una línea editorial contraria, y ha advertido que podría solicitar al Departamento de Justicia investigaciones por lo que denomina interferencia electoral.

Google ha rechazado estas acusaciones y ha señalado que sus algoritmos operan con base en criterios de relevancia, no en posturas ideológicas, mientras que en 2026 sus directivos han adoptado una postura de acercamiento institucional al asistir a actos oficiales y ajustar políticas en plataformas como YouTube.

En enero de 2026, la administración federal planteó que Google y otras empresas tecnológicas invirtieran hasta 15,000 millones de dólares en infraestructura energética nacional, al argumentar que el consumo eléctrico de los centros de datos justifica su participación en el fortalecimiento de la red eléctrica.

En paralelo, Donald Trump mantiene una relación similar con Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, marcada por acuerdos económicos, cambios en políticas internas y una estrategia de alineación con el nuevo gobierno para evitar sanciones regulatorias.

Meta acordó en enero de 2025 el pago de 25 millones de dólares para resolver demandas derivadas de la suspensión de las cuentas de Trump tras los hechos de 2021, de los cuales alrededor de 22 millones fueron destinados a una fundación vinculada a su biblioteca presidencial y el resto al pago de costos legales.

Durante 2026, Meta implementó cambios en sus políticas de moderación, entre ellos la eliminación de programas de verificación de datos con terceros, el aumento en la recomendación de contenido político y la adopción de un sistema de notas comunitarias, además de nombrar a Dina Powell como presidenta de la compañía y anunciar inversiones de hasta 600,000 millones de dólares en infraestructura tecnológica dentro de Estados Unidos, en un contexto en el que también enfrenta la exigencia gubernamental de contribuir al financiamiento de la red eléctrica nacional.