La presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, exigió a la Suprema Corte de Justicia de La Nación, que resuelva sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, incluso antes de pronunciarse acerca de las reformas en materia de seguridad aprobadas recientemente.

«La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022», señaló la Consejería en un comunicado.

La Consejería recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, cuando el PRI y el PAN eran los partidos mayoritarios, y con la oposición de Morena, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, que alegaron que hubo vicios en el procedimiento legislativo.

«Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)», expuso la Consejería.

La presidencia cuestionó que, a la fecha, la Corte no haya dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde la primera impugnación a la LGCS, en 2018.

«La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión», recalcó la consejería de la presidencia.