La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y algunas organizaciones de medios de comunicación presentaron una demanda contra una ley de Arizona que prohibiría grabar videos de policías a menos de 8 pies (2.4 metros).

La ley fue firmada en julio por el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, y tipifica como delito la grabación de actividades de las fuerzas del orden a esa distancia. Los infractores se enfrentarían a una posible acusación de delito menor tras ser advertidos una vez que deben alejarse.

La demanda busca una orden judicial antes de la fecha de entrada en vigor de la ley en septiembre. Se presentó en la Corte de Distrito del distrito de Arizona.

En los últimos años, el acto de filmar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se ha convertido en una forma de denunciar la mala conducta policial.

El ejemplo más destacado de este tipo de filmaciones son las imágenes de video tomadas por los transeúntes durante la detención y el asesinato de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un agente de policía le inmovilizó el cuello en el suelo durante nueve minutos en mayo de 2020.

La muerte de Floyd provocó manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos y en todo el mundo.

La demanda argumenta que la ley de Arizona viola el derecho a grabar recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que afectaría negativamente a la capacidad de un reportero para trabajar en historias relacionadas con las actividades de las fuerzas del orden debido al riesgo de ser detenido y procesado.

Entre los diez grupos de medios de comunicación que se sumaron a la demanda se encuentran emisoras de noticias locales y empresas de medios de comunicación, incluida NBC Universal Media, la matriz de NBC News.

El First Amendment Watch de la Universidad de Nueva York afirma que más del 60% de la población estadounidense vive en estados en los que las cortes federales de apelación han reconocido el derecho de la Primera Enmienda a grabar a los agentes de policía que desempeñan sus funciones en público.