El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perdió el fuero constitucional tras solicitar licencia a su cargo, según afirmó el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico. La declaración ha intensificado la polémica, ya que implica que el mandatario con licencia ya no cuenta con inmunidad procesal y podría enfrentar acciones legales como cualquier ciudadano.

De acuerdo con Zaldívar, el fuero no protege a la persona sino al cargo, por lo que al separarse de sus funciones mediante una licencia, dicha protección desaparece automáticamente. En ese sentido, explicó que al no ejercer el puesto, Rocha Moya queda sin la inmunidad que impedía que fuera investigado o detenido sin un procedimiento previo ante el Congreso.

La situación ocurre en el contexto de una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos, que acusan al político sinaloense de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones detonaron una crisis política en la entidad, llevando al gobernador a solicitar licencia con el argumento de no interferir en las indagatorias.

El Congreso de Sinaloa aprobó la separación del cargo y designó a una gobernadora interina, mientras continúan las investigaciones tanto en México como en el extranjero. Este movimiento ha sido interpretado como un intento de contener la crisis política y dar paso a las autoridades para esclarecer los señalamientos.

Con la pérdida del fuero, el panorama legal de Rocha Moya cambia de forma significativa, ya que abre la puerta a posibles acciones judiciales sin los obstáculos que antes ofrecía su investidura. El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los episodios más delicados en la política reciente del país, con implicaciones tanto nacionales como internacionales.