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La diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) propone adicionar una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, a fin de que en los planteles escolares se instalen sistemas de videovigilancia como parte de las acciones de infraestructura y seguridad educativa.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá incluir dentro de los lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas, la colocación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común.

Estos sistemas estarán conectados al centro de comando escolar y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que corresponda, y garantizarán la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales, puntualiza.

En la exposición de motivos, Gaitán Díaz señala que las escuelas son el segundo espacio de convivencia más importante para niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta indispensable garantizar entornos seguros, libres de violencia y que protejan su integridad física, emocional y psicológica.

Menciona que la Subsecretaría de Educación Básica, a través del estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), subraya la necesidad de reforzar acciones preventivas para proteger a la comunidad educativa.

Advierte que la prevalencia del acoso y la violencia escolar en México mantiene niveles alarmantes, pues la OCDE posiciona al país en primer lugar en casos de bullying en educación básica, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que siete de cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en el entorno escolar.

Asimismo, organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han advertido que estas situaciones afectan gravemente el rendimiento académico y la salud mental de las y los estudiantes, agrega.

Considera que, si bien existen protocolos escolares para la detección de riesgos, ingreso seguro, manejo de crisis y mecanismos de denuncia, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el incremento de incidentes de violencia, por lo que resulta urgente adoptar medidas tecnológicas proporcionales y respetuosas de los derechos humanos, que permitan prevenir agresiones, identificar responsables y actuar con oportunidad.

La iniciativa se encuentra alineada con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 16o. de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar una educación integral en espacios seguros y libres de violencia, así como proteger a la infancia con medidas adecuadas de seguridad que no vulneren la privacidad, indica.

Los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también obligan al Estado mexicano a adoptar acciones efectivas para prevenir la violencia escolar.

La legisladora asegura que la implementación de sistemas de videovigilancia representa una medida necesaria, proporcional y urgente para proteger a la niñez y adolescencia, al tiempo que permitirá fortalecer la prevención, brindar mayor tranquilidad a madres, padres y tutores, y avanzar hacia escuelas más seguras y libres de violencia.