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La diputada Kenia López Rabadán (PAN), a través de una iniciativa, propone adicionar un párrafo vigésimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política para establecer que toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida.

Asimismo, que corresponde al Estado garantizar que haya justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, así como establecer los mecanismos para la búsqueda, localización, identificación y, en su caso, que la entrega de restos humanos sea con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos.

El presupuesto destinado a garantizar este derecho deberá ser suficiente y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en su exposición de motivos señala que el delito de desaparición forzada es uno de los ilícitos más devastadores que existen, ya que implica violaciones graves a los derechos humanos de las personas.

Asimismo, va acompañada, en muchos de los casos, de otros delitos como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y generalmente del peor flagelo que existe en cualquier sistema de justicia: la impunidad.

El documento indica que México fue uno de los principales promotores y el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, en los últimos años la violencia e inseguridad que se vive en el país ha ocasionado que este delito se incremente de forma exponencial.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 31 de diciembre de 1952 al 17 de marzo de este año 124 mil 266 personas se encuentran en esa condición.

La diputada López Rabadán manifiesta que su propuesta de reforma constitucional es un avance esencial para garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral de las víctimas y sus familiares.

Resalta que el compromiso del Estado con este derecho implica destinar recursos suficientes y establecer mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. “Solo así se podrá combatir la impunidad, reparar el daño a las víctimas y asegurar que este tipo de crímenes no se repitan”, agregó.