No es la primera vez que se acusa a las autoridades migratorias de maltratar y robar a los migrantes.
El Congreso del Estado, convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para que a través del Ministerio Público, realicen una investigación sobre los hechos acontecidos del 08 y el 12 de abril del presente año, en los cuales personas migrantes presuntamente fueron golpeadas y robadas por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN), para que en caso de resultar ciertos los hechos se sancione a los responsables.
Se dijo en sesión del Congreso que es imperante que se investigue y en su caso se sancione a los responsables de estos lamentables hechos, porque no se puede permitir que sucedan este tipo de actos por parte de las autoridades que se supone están para proteger a las personas.
Lo anterior en razón de que no es la primera vez que se hacen señalamientos contra el personal de esas instituciones, en donde se indica que golpean y roban a personas migrantes que cruzan por el Estado.
Sobres los hechos se dijo que el pasado día 08 y 12 de abril del presente año, varias personas migrantes presuntamente fueron robadas y golpeadas, por personal del INM y de la GN, cuando caminaban cerca del campamento de migrantes que se encuentra en el boulevard Juan Pablo II y calle Industrial 10 de esta ciudad de Chihuahua.
Al respecto, medios de comunicación locales, difundieron los testimonios de personas migrantes, que señalan que al menos cinco oficiales del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Guardia Nacional interceptaron a los migrantes mientras caminaban. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los migrantes intentaron huir en diferentes direcciones, pero fueron perseguidas y sometidas por el personal de migración, al grado de golpearlos y despojados de sus pertenencias, incluyendo el dinero que llevaban consigo para posteriormente liberarlos.
Es importante recordar, que se debe garantizar, entre otras cosas, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes, implementando políticas públicas efectivas para su protección y ayuda.
