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El Congreso de Chihuahua envió un exhorto al Congreso de la Unión, con la finalidad de que emita la Ley General de Seguridad Privada, dado a que el plazo planteado en el Decreto relativo a la materia, publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, ya ha expirado.
Dicho decreto establece en el Artículo Segundo Transitorio, que dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del referido Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, el Artículo Tercero Transitorio del Decreto mencionado, establece que dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley General de Seguridad Privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
Es por lo anterior, y con la finalidad de que el Legislativo local esté en posibilidades de trabajar en la normativa estatal para regularizar y mejorar la prestación de servicios de seguridad privada en beneficio de las y los chihuahuenses, que se hace el llamado al Congreso de la Unión para que expida la General.
Es importante mencionar que la iniciativa por la que surge el exhorto, presentada por el Grupo Parlamentario de MOREN, solicitaba reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Chihuahua, con el propósito de regular los procedimientos, requisitos y plazos para la autorización a favor de las personas físicas o morales que presten dicho servicio.
Sin embargo, al analizar la petición dentro de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se consideró oportuno abstenerse de reformar la Ley local y se acordó exhortar al Congreso de la Unión para que emita la Ley General ya mencionada; señaló el diputado Javier Borunda Quevedo, integrante de la comisión dictaminadora.
Ello, debido a que la propuesta inicial está relacionada con la seguridad pública en el Estado de Chihuahua, en la vertiente de la participación del sector privado durante la prestación de servicios de seguridad, en virtud de que hay numerosas empresas y personas físicas dedicadas a la seguridad privada, y estas podrían colaborar de manera más efectiva con el Estado en la prevención del delito, utilizando su infraestructura, así como sus recursos humanos y tecnológicos.
