Ciudad de México, 7 de diciembre de 2022.- Inquietante inicio del 7 de diciembre. A primera hora se supo de la determinación de la justicia sobre las acusaciones en contra de la vicepresidente de Argentina, a Cristina Fernández viuda de Kirchner. Se le inhabilita para ocupar un cargo público en todo el tiempo que le queda de vida y la condenaron a 6 años de prisión. Los delitos: administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un periodo abarcando sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2025). La noticia hizo acudir a la mente el “sí se puede” y los cargos en contra de quien se dice peronista son mínimos si se les aplicaran a los expresidentes de México.
Aún sin reponerse de esta información llegó la del presidente de Perú, de Pedro Castillo, quien sin más ni más decidió disolver su Congreso, el mismo que le negó salir de viaje en 3 ocasiones, la última para venir a México a recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico. De inmediato se presentaron las renuncias de su gabinete, de sus embajadores. Pero, ocupando el lugar que les corresponde, los diputados lo destituyeron y de inmediato ordenaron su detención. La situación se volvió caótica al conocer buscaba tanto el exmandatario como su familia refugio en la embajada mexicana.
Ambos casos, de una o de otra manera aterrizaron en México. En el caso de la Kirchner, desde el templete mañanero y sin mostrar ningún respeto por la resolución adoptada por el poder judicial de otro país, el tabasqueño aseguró “es una venganza de los conservadores”. La pretendida defensa ha sido severamente criticada, más aún cuando exaltó la renuncia de la fémina de no presentarse a ser candidata ala presidencia, ignorando se le condenó a no volver a ocupar un cargo público. Sin necesitar le pusieran el saco resaltó: “si me quieren enjuiciar y meter a la cárcel, ya saben donde estaré”. Lo registrado en ese país puede serle reclamado, por ahora, por el manto de impunidad con el cual ha cubierto a Peña Nieto, cuyo sexenio rompió récord en corrupción, opacidad, mal manejo administrativo, abusos y una cantidad importante omisiones en el cumplimiento de su responsabilidad.
Lo sucedido en Perú debiera ser un fuerte llamado de atención para evitar seguir en el camino de las imposiciones. El avance democrático en países de América Latina está a prueba, y esto no es de ahora, en ese país Fujimori pretendió pasar por encima de todos los poderes y terminó en la cárcel. La lección debieran tomarla en cuenta los legisladores mexicanos, los de Morena, los de los aliados, los opositores, ninguno debería estar fuera de la Ley y mucho menos sometido al Poder Ejecutivo, aunque lo demostrado la madrugada del miércoles en el recinto de San Lázaro pone en duda cualquier acción digna de, por lo menos, la mitad de curuleros.
El destino de los mandatarios de Argentina y Perú lo decidirán sus autoridades, bajo sus leyes, de acuerdo con las investigaciones realizadas. No hay nada para opinar a no ser que…
A BOTE PRONTO
Se sabía y de ahí surgiera el famoso Plan B, no reunirían los morenistas y sus aliados los votos suficientes para hacer realidad la reforma electoral constitucional. Lo inesperado fue se saltaron todos los procedimientos marcados para las aprobaciones, se llevaron más de 300 cuartillas al Pleno y, sin contar con el tiempo para por lo menos hojearlas, aprobaron las leyes secundarias con las cuales se busca debilitar al máximo al INE hasta convertirlo en un ente al cual consideren al paso del tiempo y con los resultados entregados con todos los recortes y cambios, inservible y argumenten la necesidad de eliminarlo, utilizando, otra vez, las muy sobadas frases sobre ahorros económicos para destinarlos a los de la tercera edad, a las becas, a todos los apoyos electoreros de sobra conocidos. Ufano, pero sin lograr ocultar el enojo, López Obrador sostuvo: “sí se aprobó la reforma a la Ley Electoral y sí se van a reducir los presupuestos del INE, se logró un ahorro de más de 3,500 millones de pesos…Se logró el control de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones, para evitar la compra del voto, y se logró también facilitar el voto de los paisanos en el extranjero…”
Sin conocer aún las declaraciones del líder de la fracción morenista en el senado Ricardo Monreal, con las cuales dejó claramente establecido se cubrirán cada uno de los pasos marcados en la conducción legislativa y se abrirá la discusión, el diálogo para un documento de vital importancia para la conducción del país, no solamente en lo relacionado con la política, López Obrador adelantó: “pasará -la reforma a la Ley Electoral- a la cámara de senadores y luego seguramente los del bloque conservador van acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y serán los ministros de la Corte los que van a decidir. Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia.”
Por su parte, Adán Augusto López, titular de Gobernación hizo su propia narrativa: los diputados del bloque conservador votaron en contra de la reforma electoral, se retiraron y no votaron por la reforma a la Ley Electoral. “Con estos cambios el consejo del INE ya no tendrá el control presupuestal y recaerá esa responsabilidad en 5 consejeros. Se suprimen duplicidades de funciones, se reducen de 300 oficinas a 264 y por primera vez se reconoce que los migrantes van a poder votar por internet. Se quita el poder al INE para cancelar candidaturas, y se bloquea el uso de tarjetas con dinero como sucedió con MONEX para comprar votos”. Más tarde y en entrevista televisiva, aceptó ser uno de los aspirantes a la candidatura presidencial y se auto denominó precursor de cambios como el de presentarse en los Congresos locales, salir de las oficinas para entrevistarse, pese a su privilegiada posición de segundo en el mando nacional, con funcionarios o mandatarios “de menor nivel”. Eso nunca se había visto, festinó.
ATERRIZAJE REAL
En el Senado de la República, a pesar de las presiones, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró no habrá vía rápida (fast track) para la aprobación de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. En conferencia de prensa, el zacatecano hizo un recuento de los artículos de seis ordenamientos legales, los cuales resultan en más de 400 modificaciones. Ante esto, el líder de Morena en la Cámara alta aseguró se debe analizar cada uno de los cambios en las comisiones del órgano legislativo, por lo tanto se tomarán su tiempo. “El Senado actuará con serenidad y buen juicio, será una discusión nacional, inteligente y vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento ni vía rápida ni que se dispensen o abrevien o se evite el procedimiento ordinario. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto por nuestra investidura y como órgano colegiado”.
El asunto finalmente se decidirá en la Suprema Corte. Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, advirtió: “Es una reforma espuria, un trámite vergonzoso; les anticipo que el Senado no dispensará los trámites y se tendrá que discutir, y si es a favor, nos vemos en la Corte; ya hay precedentes y por unanimidad, nos van a volver a enmendar la plana”. Expertos advierten se generará un caos electoral previo al inicio de los comicios. Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral destacó que la reorganización y compactación excesiva de la reforma electoral pondrá en riesgo la operación del INE previo a la elección presidencial de 2024. Consideró se confirma el planteamiento de AMLO como una revancha política impactando de manera negativa en la organización de comicios.
Para Ugalde, la reforma tiene dos implicaciones: uno: busca acotar la independencia presupuestaria y la imparcialidad del INE. Y dos: la reorganización y la compactación excesiva buscada en un corto periodo de tiempo pondrá en un estrés al Instituto lo cual, en año preelectoral, significa poner en riesgo la operación del INE. El experto considera este acelerado proceso legislativo de aprobación “es un abuso, es una violación de un proceso de liberación democrática y, sobre todo, convierte una iniciativa de reforma legal, que podría dar buenos resultados, en una revancha política”. Entre los aspectos más preocupantes de la reforma, indicó, está la reducción de áreas del INE, con el argumento de evitar duplicidades entre el instituto y los organismos electorales locales (OPLE).
Luis Carlos Ugalde consideró se le cortarán “pies y dedos” al INE al fusionar seis direcciones en tres, desaparecer la Secretaría Ejecutiva y la Junta General y sobre todo, volver temporales las 300 juntas distritales. “La adaptación del INE puede ser muy traumática en un año preelectoral. Por lo tanto, puede poner en riesgo la operación del instituto en 2023 y 2024”. También calificó de contradicción quitar las restricciones a los funcionarios, en periodo electoral, sobre propaganda gubernamental, pues fue una reforma impulsada por AMLO en 2006, por los resultados en contra.
La trampa, como se previno al estudiar a fondo la presentación del Plan B y según opina Ugalde: “es impugnable ante la Suprema Corte porque literalmente no hay una contradicción con el texto constitucional, pero esta reforma impediría al INE cumplir con su mandato constitucional, entonces sí es impugnable por la vía de una acción de inconstitucionalidad, y también podría ser impugnable mediante una controversia constitucional (…) Esto por considerar que la legislación que establece el Congreso está invadiendo la autonomía del INE, en la medida en la que se mete a acotar su independencia presupuestaria, su independencia administrativa, y eso también es controvertido. Se trata de una revancha política y de un mensaje político, no hay otra justificación. ¿Cómo puedes llevar a cabo una reforma electoral, que presuntamente quiere mejorar el funcionamiento de la democracia mexicana, mediante la violación de los principios de la deliberación democrática?”, cuestionó el especialista.
DE LOS PASILLOS
El indicador sobre percepción de inseguridad, el PNSP estima que para 2024, 70 por ciento de la población considerará hay inseguridad en la entidad donde vive, dicho porcentaje es inferior al 79 por ciento registrado en 2018, cuando inició el gobierno de la 4T, pero superior al 66 por ciento al del 2012, último año de Calderón. Asimismo, el programa estima para finales del sexenio mil 35 asaltos carreteros, el triple de los del 2019 (311) y 26 por ciento más de los llevados a cabo en 2012 (819). Respecto a personas aprehendidas por delitos contra la salud y lavado de dinero, el PNSP 2022-2024 estima habrá para el último año del actual sexenio 47 detenidos, cuando en 2018 hubo 84. El PNSP contempla 12 objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran percepción de inseguridad, personas detenidas inscritas en programas de reinserción social, riñas en penales, robo de hidrocarburos, certificación de policías estatales y municipales, y aprobación del trabajo de la Guardia Nacional. El documento, que presuntamente regirá la estrategia de seguridad nacional, no considera indicadores como incidencia delictiva, homicidios, feminicidios, secuestros ni personas desplazadas o desaparecidas. Además, llegó tarde.