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Ciudad de México.- Organizaciones civiles, activistas y académicos rechazaron los ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, contra la jueza Karla Macías, quien frenó la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena.
“Rechazamos el ataque a la independencia judicial desde el micrófono del Ejecutivo”, escribieron en redes sociales.
A través de un comunicado solicitaron respetar la división de poderes y la independencia judicial.
“Exigimos a los poderes ejecutivos Federal, y de todos los estados de la República, actuar de conformidad con nuestra Constitución, respetar la división de poderes y no menoscabar la independencia judicial”.
Las organizaciones hicieron énfasis en que un principio básico de las democracias es la separación de poderes, de lo contrario se perdería el equilibrioque garantiza la gobernabilidad de un país.
Por ende pidieron al Consejo de la Judicatura Federal que instaure un sistema de protección para juezas y jueces que reciban ataques o criminalización por realizar su trabajo, y a la ciudadanía, rechazar estos ataques.
Entre los firmantes están México Evalúa, Intersecta, Borde Político, Madres Unidas por Nuestros Hijos, Fundación para la Justicia, entre otras.
También Artemisa Cabrera Luque, Carlos Bravo Regidor, Maite Azuela, Catalina Pérez Correa y la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez.
Gobierno critica resolución del Poder Judicial
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, exhibió a la jueza federal que frenó por tiempo indefinido la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al considerar que se excedió en sus facultades.
“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y esta juez, en un primer momento decretó la suspensión de un decreto mandado del poder legislativo, pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional”, dijo.
La resolución de la titular del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato ordena no solo evitar el traspaso del cuerpo de seguridad al Ejército, decretado desde el pasado 9 de septiembre, sino que además se deben devolver los recursos transferidos a la Defensa.
“No se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como prescribe el artículo 21 de la Constitución”, ordena la suspensión.
