Organizaciones civiles presentaron este 11 de agosto de 2026 el “Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026”, documento que reúne testimonios de familias que fueron desplazadas de sus comunidades por la violencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara y analiza la respuesta de las autoridades ante esta problemática.
La Misión Civil de Observación realizó actividades en mayo de 2026 y visitó Parral, Delicias y Chihuahua, donde entrevistó a cerca de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno provenientes principalmente de comunidades de Uruachi, Guazapares y Guadalupe y Calvo. También se documentaron casos de personas desplazadas de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
De acuerdo con los testimonios recabados, entre las causas del desplazamiento se encuentran la disputa de grupos delictivos por el control territorial, el saqueo de recursos naturales, el reclutamiento forzado y la violencia generalizada, además del abandono institucional y la falta de una estrategia efectiva de seguridad pública. Las organizaciones señalaron también presuntos casos de colusión entre autoridades y grupos delictivos, así como impunidad en la región.
Como parte de la misión, representantes de las organizaciones sostuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno de la República, a quienes expusieron las necesidades de las comunidades y plantearon la creación de una ruta de trabajo conjunta. Sin embargo, el informe señala que la respuesta institucional documentada fue insuficiente para atender la magnitud de la problemática.
Finalmente, la Misión Civil de Observación presentó diversas solicitudes y recomendaciones, entre ellas establecer una mesa interinstitucional permanente que permita coordinar a los tres niveles de gobierno, escuchar directamente a las comunidades afectadas e incorporar a organizaciones especializadas en la atención del desplazamiento. También llamó a la Federación a impulsar un marco jurídico nacional que permita prevenir el desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de las personas afectadas.
