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El sistema judicial de Chihuahua vivió un nuevo episodio de tensión luego de que autoridades federales ordenaran brindar protección especial a una jueza penal.
La medida fue emitida por el Tribunal Electoral, que determinó que la funcionaria enfrenta un riesgo real a su integridad debido a su exposición mediática.
El caso ha generado polémica, ya que la jueza ha sido vinculada públicamente con la defensa de figuras relacionadas con el crimen organizado.
Según las autoridades, esta situación ha derivado en ataques mediáticos y posibles amenazas que podrían escalar a riesgos físicos.
La juzgadora denunció previamente violencia política de género, argumentando que su imagen ha sido utilizada de forma indebida.
El tribunal consideró que existe un “temor fundado”, por lo que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a asignar escoltas.
Este hecho evidencia el delicado entorno en el que operan funcionarios judiciales en contextos de alta violencia.
Especialistas señalan que la línea entre justicia, política y crimen organizado sigue siendo un punto crítico en el estado.
Además, el caso reabre el debate sobre la protección a jueces y el impacto de la opinión pública en su labor.
El episodio refleja la complejidad del sistema de seguridad en Chihuahua, donde la exposición pública puede convertirse en un factor de riesgo.
