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En cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó durante su 39a. Sesión Extraordinaria los acuerdos mediante los cuales se modifican y asignan nuevas magistraturas y cargos de juezas y jueces de primera instancia en distintos distritos judiciales del estado.
Las sentencias que motivan estas modificaciones tienen como fundamento atender a una correctaaplicación de la regla de alternancia de género en las asignaciones previamente realizadas. Al respecto, el Tribunal determinó que la alternancia prevista en el Acuerdo IEE/CE77/2025, en la cual no se favoreció a mujeres que obtuvieran mayor votación que los hombres, lo cual contravino el principio constitucional de paridad.
En acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes JIN-210/2025, JIN-231/2025, JIN-249/2025 y sus acumulados, el Consejo Estatal asignó nuevas magistraturas en materias civil, familiar y penaldel Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, conforme a la recomposición de resultados realizada por el Tribunal Estatal Electoral.
Las personas que resultaron asignadas son:
Materia Civil:
Materia Familiar:
Materia Penal:
Estas personas no habían recibido constancia de mayoría y validez con anterioridad, por lo que se instruyó proceder con su entrega.
Así mismo, en cumplimiento de la sentencia del expediente JIN-288/2025 y acumulados, se llevó a cabo una modificación en la asignación de juezas y jueces de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial Morelos. Las personas asignadas fueron:
De igual forma, en atención a la sentencia del expediente JIN-329/2025 y su acumulado, se asignaron cargos de juezas de primera instancia en materia laboral del Distrito Judicial Bravos. Las personas asignadas son:
En ambos casos se instruyó a las asambleas distritales correspondientes realizar la entrega de las constancias de mayoría y validez.
Con estas resoluciones, el Instituto Estatal Electoral reafirma su compromiso con la legalidad, la equidad sustantiva y la tutela efectiva de los derechos político-electorales de las mujeres, garantizando que el principio de paridad no solo se cumpla en términos formales, sino también con perspectiva de género y justicia sustantiva.
