HABLANDO Y ESCRIBIENDO

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

En México ya no estamos hablando sólo de violencia. Estamos hablando de un país donde la muerte se volvió rutina, donde la tragedia se repite con tal frecuencia que amenaza con dejarnos sin capacidad de indignación.

Los hechos de las últimas semanas en México nos obligan a detenernos, mirar de frente y reconocer que estamos viviendo un punto de inflexión.

La violencia ya no es un sobresalto: es un sistema que se ha instalado en la vida cotidiana. Y la muerte reciente de los mineros en Concordia, Sinaloa —asesinados y encontrados en una fosa clandestina— lo confirma con brutal claridad.

Porque lo que pasó en esa mina no es un accidente aislado. Es el reflejo de un país donde el Estado ha cedido terreno, donde la ley se aplica a medias y donde la vida humana vale menos que los intereses económicos —legales o criminales— que dominan regiones enteras.

Hace apenas unas semanas, el Índice Global de Delincuencia Organizada, organismo independiente que colabora con la ONU, colocó a México como el tercer país más afectado por el crimen organizado en el mundo, con una puntuación de 7.68 sobre 10, sólo detrás de Myanmar y Colombia. Diez de quince mercados criminales nos califican con 9.0 o más: trata y tráfico de personas, extorsión, armas, drogas sintéticas, mafias, redes criminales y actores estatales infiltrados.

El promedio de mercados criminales es 8.27, y el de actores criminales 7.10, la concentración más alta del continente

En un país donde el crimen regula territorios, donde decide qué se siembra, qué se extrae y quién trabaja bajo sus reglas, la minería opera muchas veces en zonas donde el Estado no manda. Y cuando el Estado no manda, la seguridad laboral se vuelve un lujo, la supervisión una ficción y la vida de los trabajadores una moneda de cambio.

El año pasado, la violencia tuvo un costo económico de 4.5 billones de pesos, el 18% del PIB nacional. Pero el costo humano… ese no aparece en ningún índice. Ese se mide en familias rotas, en viudas, en hijos que esperan a un padre que ya no volverá con su familia.

Mientras tanto, el crimen organizado opera como un gobierno paralelo: cobra impuestos, regula mercados, administra “justicia” y controla prisiones.

Esto significa que, en amplias regiones, la economía criminal compite —y a veces supera— a los gobiernos locales.

Cárteles como el de Sinaloa y el CJNG ya no operan solo como narcotraficantes: funcionan como conglomerados empresariales que controlan territorios, imponen impuestos, regulan mercados y deciden quién vive y quién muere.

Y en este contexto aparece el libro Ni venganza ni olvido, de Julio Scherer Ibarra, que describe tensiones internas, presiones políticas y presunta infiltración criminal en estructuras del poder público. Su testimonio coincide con lo que organismos internacionales han señalado: la corrupción ha permitido durante años que el crimen organizado se infiltre en la política mexicana.

Los mineros de Culiacán merecen algo más que un pésame. Merecen justicia. Merecen un Estado que funcione. Merecen un país donde trabajar no sea una sentencia de muerte.

Y nosotros, como sociedad, merecemos dejar de vivir con miedo… pero para eso, primero tenemos que dejar de vivir con indiferencia….