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Nueve personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el 20 de enero, afirmó este miércoles Todd Lyons, director interino de esta agencia.

A su vuelta a la Casa Blanca el presidente republicano prometió una expulsión masiva de migrantes en situación irregular, a quienes considera «criminales» por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos

Su gobierno afirma enfocarse en aquellos con antecedentes penales, en pandilleros y narcotraficantes, pero los abogados de algunos detenidos o expulsados y las organizaciones de defensa de los derechos humanos lo acusan de arrestos indiscriminados basados en ocasiones solo en tatuajes.

Este miércoles, durante una sesión de la comisión de presupuestos de la Cámara de Representantes del Congreso, Lyons afirmó que ICE «prioriza lo peor de lo peor», pero los demócratas lo pusieron en duda.

Se centra, según ella, en migrantes que «en su mayoría no representan absolutamente ninguna amenaza para el público, estudiantes con tarjetas verdes (de residencia) y visas» y personas «con estatus legal sin antecedentes penales».

«Este es el tipo de patrón preocupante que vemos en la policía autoritaria, no en una república democrática», afirmó Escobar.

Su colega demócrata Lauren Underwood preguntó a Lyons cuántas personas han muerto bajo custodia de su agencia migratoria.

«El total de muertes bajo custodia asciende a nueve», respondió el director interino, que asegura que ICE actúa con «transparencia».

«Llevamos a cabo una investigación exhaustiva» sobre todos los casos a cargo de la Oficina de responsabilidad profesional de ICE y jurisdicciones locales, dijo.

El director interino sostuvo en su intervención que «ICE tiene algunos de los estándares de detención más altos».

ICE subcontrata a compañías privadas para la detención de migrantes y para servicios como el transporte, la atención médica o la alimentación, lo cual genera polémica por sus millonarios beneficios y las condiciones de arresto.

«El historial de algunas de estas operaciones privadas es pésimo, y caracterizo lo que sucede dentro de ellas como equivalente a abusos de los derechos humanos», afirmó Escobar, que citó hacinamiento en las instalaciones, «negligencia médica», falta de acceso a baños y agua y nutrición inadecuada.