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López Obrador alega que él tiene derecho a hacer obras en beneficio del pueblo porque para ello fue electo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se lo puede prohibir a través de suspensiones, amparos u otros controles de constitucionalidad. Yerra en toda la línea o engaña deliberadamente.

Un presidente tiene muy pocos derechos: un estipendio, nombrar ciertos funcionarios, proponer otros, tener un cuerpo de seguridad y demás condiciones que le permitan cumplir con su encargo. Lo que sí tiene un presidente, y muchas y diversas, son obligaciones. Entre ellas hacer obras que se requieran, que beneficien al pueblo y que se realicen debidamente, cumpliendo con todas las normas, con eficiencia administrativa y transparencia.

Ningún presidente es electo para hacer lo que le venga en gana, se le ocurra o se le antoje, y como le le plazca. Y lo que haga debe hacerlo cumpliendo en todo momento la Constitución y las leyes que de ella emanen. No sólo está obligado a hacer, sino a hacerlo bien y transparentarlo. Es decir, está sujeto a rendición de cuentas.

Y aquí entra la Suprema Corte de Justicia, cuyas funciones son garantizar que todos cumplan la Constitución y las leyes. Y todos son todos. Ser electo no excepciona a nadie de cumplir la norma, al contrario, lo hace el primer obligado.

Guardémonos de todo aquel que invoca al pueblo para eximirse de cumplir debidamente todas sus obligaciones, porque ni el pueblo mismo, así sea unánimemente, puede determinar que la ley no se cumpla, sería desaparecer como tal. La norma es la expresión de un pueblo organizado y normado, prescribirla es negarse a sí mismo como tal.

No en balde la justicia no sólo tiene la balanza para juzgar, sino la espada para hacerse obedecer.