La reforma constitucional que buscaba anular elecciones en las que se acreditara intervención del crimen organizado y establecer restricciones a las llamadas “narcocandidaturas” fue rechazada en el Congreso del Estado al no alcanzar la mayoría calificada requerida.
El dictamen, discutido durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo, obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó los 22 votos necesarios para su aprobación, según el conteo final.
La propuesta planteaba incorporar a la legislación local mecanismos para invalidar procesos electorales en los que se demostrara la participación de grupos delictivos, así como medidas para impedir el acceso a cargos públicos a personas vinculadas con el crimen organizado.
Durante el debate, legisladores del Partido Acción Nacional defendieron la iniciativa como un mecanismo de blindaje electoral, mientras que representantes de Morena y otras fuerzas políticas señalaron posibles problemas de constitucionalidad y viabilidad jurídica.
Tras su rechazo, la modificación constitucional quedó desechada, aunque el Congreso del Estado mantuvo en discusión otros puntos del paquete de reforma electoral.
