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Ni las amenazas dirigidas hacia los pobladores, ni los reportes de enfrentamientos armados entre integrantes de la delincuencia organizada han provocado en el municipio de Guadalupe y Calvo una nueva crisis de desplazamiento forzado, de acuerdo con la versión de la Fiscalía General de Chihuahua.

El incremento en la violencia, que ha cobrado mayor notoriedad en días recientes, no ha provocado que las familias abandonen sus hogares, fueron las palabras del fiscal general César Jáuregui. Pero sí reconoció el habitual fuego cruzado el región, y que el más reciente, ocurrido ayer por la mañana, dejó dos personas sin vida.

Fue entonces que las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) destacamentaron un grupo a Guadalupe y Calvo para atender los hechos delictivos en aumento, y, según Jáuregui, las autoridades tienen plena identificación de los generadores de violencia y a qué grupo criminal pertenecen.

Juan Portillo, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el municipio de Parral ha declarado lo opuesto desde hace meses. A principios de noviembre dio a conocer que, hasta ese punto de 2024, más de 500 personas habían recibido atención luego de ser víctimas de desplazamiento forzado en las diferentes comunidades de Guadalupe y Calvo.