El Congreso de Nicaragua aprobó este lunes una ley para castigar con multas o cese de operaciones a las empresas que apliquen en el país sanciones internacionales, como las que ha adoptado Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega.
El gobierno podrá «imponer sanciones y multas» e incluso ordenar «la suspensión temporal o definitiva» de operaciones a las entidades que apliquen sanciones extranjeras, según el texto aprobado por unanimidad por el parlamento, de mayoría oficialista.
Ley votada el pasado viernes
La ley fue votada luego de que el viernes la Asamblea Nacional (AN, legislativo) aprobara, también por unanimidad, una reforma constitucional que otorga poder absoluto del Estado a Ortega y su esposa Rosario Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta al de «copresidenta».
Ortega, quien presentó ambas iniciativas, argumenta que la ley protegerá a los nicaragüenses y sus instituciones de las sanciones, pero analistas advierten que pondrá en aprietos sobre todo a los bancos.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones a cientos de funcionarios y entidades públicas señaladas de apoyar al gobierno en violaciones de derechos humanos.
