Ciudad de México, 5 de marzo de 2023.- Retener la Presidencia de la República en la elección federal de 2024 es una cuestión de supervivencia política para Andrés Manuel López Obrador. De ahí su propósito de garantizar a como dé lugar poder colocar en Palacio Nacional a su “corcholata” Claudia Sheinbaum. Ni Marcelo Ebrard, ni Ricardo Monreal aparecen en su escenario. Y Adán Augusto no ha logrado posicionarse como para garantizar la victoria. En tanto las autoridades judiciales de Estados Unidos siguen de cerca los pasos de los carteles de la droga y critican los obstáculo impuesto por esta administración para, supuestamente, combatir el tráfico de drogas.
En México, Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados, y el ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa, han denunciado desde el año pasado la existencia de vínculos con el crimen organizado. El actual inquilino de Palacio Nacional los retó: “si tienen pruebas, que las presenten y que dejen de calumniar, es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho”, dijo en junio pasado en su conferencia mañanera. Muñoz Ledo al participar en la COPPPAL, acusó se tiene un pacto con el narcotráfico. “El piensa que puede heredar al próximo gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad, recursos del gobierno federal, esto se suma a los de narcotráfico, entonces que no hay nada que se le pueda oponer; a esto llamamos en México el maximato”. Labastida señaló: “hay indicios, como dicen los abogados, pero no pruebas. Indicios apuntando a una protección que es muy sospechosa del gobierno hacia el narcotráfico”.
Para William Barr, ex fiscal de Estados Unidos en la administración de Donald Trump: “en realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”. En un artículo de opinión publicado en el “Wall Street Journal”, el ex funcionario denunció: “Los cárteles (de la droga) tienen a México en un dominio absoluto como el de un pitón. Se necesita liderazgo estadounidense para ayudar a México a liberarse. No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadounidense”.
El año pasado, México extraditó a 24 acusados de narcotráfico a Estados Unidos, sin embargo, aún hay más de 200 en espera –alrededor de 60 ya detenidos-, entre ellos Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entre esos capos se encuentran Rafael Caro Quintero, cabecilla del extinto Cártel de Guadalajara; José Guadalupe Tapia Quintero, “El Lupe”, e Ismael Quintero Arellanes, del Cártel de Sinaloa; Abigail González Valencia, “El Cuini”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40 y Z-42”, respectivamente, líderes de Los Zetas. Para la DEA, la máxima prioridad de México debe ser desmantelar los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como se hizo entre 2012 y 2015 cuando fue desmantelado el cártel de Los Zetas.
El ex fiscal Barr expuso que aun y cuando el presidente López Obrador esté dispuesto a actuar contra los cárteles, México no puede hacer el trabajo por sí mismo porque su sistema de justicia penal es disfuncional. “El 95 por ciento de todos los delitos violentos quedan impunes y la corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno de México hace casi imposible montar operaciones policiales o militares efectivas sin que los cárteles sean informados con anticipación”. ¿Qué se necesita para derrotar a los cárteles mexicanos?, cuestionó Barr y respondió: “En primer lugar, un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo dentro de México como nunca antes, incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de inteligencia de EU, así como capacidades militares selectas. Óptimamente, el gobierno mexicano apoyará y participará en este esfuerzo”. Ya veremos, ya veremos.
DE LOS PASILLOS
Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, exigió no se minimicen las amenazas de muerte en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Es impresionante, sean tan insensibles para atender un tema tan delicado como es la integridad de la ministra Norma Piña, a quien extendemos toda nuestra solidaridad. No sólo llamamos, sino exigimos al gobierno no minimizar esta situación y que sobre todo actúe, en vez de permanecer como espectador”, dijo tras acusar tal actitud hostil es derivada del análisis que realiza la SCJN del llamado “Plan B”, electoral.