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Municipios del estado de Chihuahua promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Aguas y de diversos actos y omisiones de autoridades federales relacionados con la gestión del recurso hídrico, particularmente en lo referente a la Presa La Boquilla.
Las controversias fueron presentadas por los ayuntamientos de Buenaventura, Guerrero, Balleza y Cusihuiriachi, quedaron radicadas el 21 de enero y fueron turnadas a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Los municipios impugnan la ley publicada el 11 de diciembre de 2025, al considerar que regula únicamente el uso doméstico del agua y excluye otros usos como el agrícola, pecuario, industrial, ambiental y urbano.
De acuerdo con los promoventes, la legislación y los actos reclamados vulneran la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional, al excluir a los gobiernos locales de los procesos de planeación y toma de decisiones, así como permitir extracciones de agua sin esquemas de participación municipal ni planes hídricos definidos.
Las controversias también señalan actos y omisiones atribuidos al Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y el Consejo de Cuenca del Río Bravo, relacionados con la integración de órganos de gestión y la operación de infraestructura hidráulica, con el objetivo de que se garantice una gestión incluyente y conforme al marco constitucional.
