CHIHUAHUA.- Mediante redes sociales, una mujer integrante de la Policía Vial denunció numerosas irregularidades en la corporación: entre ellas, una denuncia de hostigamiento al que se hizo caso omiso, abuso de poder de los licenciados Juan Carlos V. y Gabriela P., y malas condiciones de trabajo injustas.
Refirió, en primera instancia, que hace dos años interpuso ante Asuntos Internos una queja contra el entonces comandante Martín F., quien la hostigaba. Sin embargo, al considerar que no existían suficientes pruebas, la carpeta se cerró, a pesar de que a ella no se le mantenía al tanto del proceso.
Ante ello, pensó en renunciar. Pero optó por cambiar a otro departamento, en donde sus jefes, Juan Carlos y Gabriela, al descubrir que tenía un grupo de redes sociales con sus compañeros, la retiraron de oficinas para establecerla en funciones operativas. La justificación del cambio fue que presuntamente habló mal ellos. Además —expuso— despidieron a un juez calificador por no estar de acuerdo con las audiencias.
Una vez que la mandaron a patrullar por las calles —reveló— descubrió las malas condiciones con que operaban los agentes, quienes, a pesar de que, por ley, el gobierno debe de proveerles equipamiento cada 6 meses, se ven en la necesidad a comprar balas, radios, material, uniformes, fundas para arma, parachoques, y un sinfin de materiales. En tal sentido, manifestó que los delincuentes poseen mejor armamento que ellos.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, aseguró que, en caso de comprobar todos los puntos antes señalados, las autoridades harán justicia. Y mencionó que se procedió a una investigación inmediata.
Y concluyó: «Se debe investigar […]. Cero tolerancia frente a cualquier denuncia de ese tipo, investigación inmediata y, en su caso, castigo a los responsables. Cero tolerancia a cualquier tipo de acoso hacia la mujer. Y menos en el trabajo».
