Si la Comisión Estatal del Agua advirtió que un muro podría debilitarse a causa de las lluvias y caer, las tres niñas que murieron atrapadas por miles de kilos de piedras, cemento y lodo, perecieron por negligencia criminal política.
Peor aún, si las direcciones de Protección Civil estatal y municipal compartieron con la CEA su preocupación sin hacer más. Al menos tres funcionarios son responsables de la tragedia, y debe haber consecuencias penales por omisión.
La noche de viernes y madrugada de sábado, un meteoro acuoso azotó gran parte de la geografía morelense, particularmente a Jiutepec, donde se reblandeció la tierra y tiró un muro de contención en la colonia Jardín Juárez, cayendo sobre al menos media docena de modestas viviendas.
Las muertes de Aideé [2], Danny [5] y Nataly [7], sin duda, eran evitables. Se tiene registro de que se notificó al vecindario sobre el riesgo, pero nadie hizo más. La autoridad municipal tiene la obligación de instalar un albergue y proteger a las familias en riesgo, no sólo avisarles que va a llover fuerte. La ley de Protección Civil obliga a su personal a evitar tragedias en tiempo de calor, de frío y de lluvias, no a dejarlas llegar.
Horas después de la fatalidad el DIF de Jiutepec publicó la entrega de artículos varios, haciendo de su actuar un sepulcro blanqueado. La oficina de Protección Civil del mismo municipio advirtió de un «posible deslizamiento de material» cuando dos mamás habían perdido ya a sus hijas, es decir, todo. En Morelos existe una ley de Daño Patrimonial que, en su artículo 45, obliga a indemnizar a los afectados por fenómenos naturales no alertados sin hacer más.
Durante la catástrofe, aún era presidente municipal con licencia Rafael Reyes, quien ayer sonreía gustoso y posaba para la fotografía, ya como diputado local. Su gobierno es corresponsable de la muerte de las niñas, como su suplente, David Ortiz. El DIF Jiutepec «refrenda su apoyo a los damnificados», se afirmó con gran cinismo, porque, además, convocó a hacer donaciones. La reacción gubernamental tras la desgracia fue anunciar la instalación de un refugio temporal. El Tribunal de Justicia Administrativa puede obligar a los gobiernos estatal y municipal a indemnizar a las mamás de las niñas que hoy estuvieran al lado de ellas, pero la corrupción y la negligencia criminal se las arrebató.
La corrupción política debe ser delito que se castigue con cárcel, sin derecho afianza. El diputado Reyes tiene la gran oportunidad, primero de ofrecer una disculpa pública por la triple muerte, y después hacer todo lo necesario para aprobar una ley en materia penal que judicialice a los funcionarios que con actitudes criminales enlutan hogares.
Si la Comisión Estatal del agua sabía del riesgo y no hizo más, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco —siempre silente, insensible, indolente ante el dolor ajeno— es responsable de las tres muertes y de los daños materiales, en ambos casos prevenibles.
letras chiquitas
Con la conchudez acostumbrada, el vicealmirante Guarneros —José Antonio Ortiz, se llama— aceptó haber fracasado en su obligación de garantizar seguridad a las familias de Morelos… ¡porque no tuvo policías suficientes! ¿Y por qué no renunció si sabía que no daría resultados? Obvio: por la alegría del manejo presupuestal***. El fiscal Uriel Carmona visitó a su bancada cameral, conformada por Luz Quevedo, Valentina Rodríguez, Guadalupe Gordillo, Pancho Sánchez y Alberto Sánchez. «¡Fiscal, ¿por qué huye a los cuestionamientos?!», le gritó una reportera ante la pregunta sin respuesta del tema de la falta de pagos a los jubilados***. Si alguien pensó que la cuauhtemista Brenda Espinoza iba a cambiar, falló. Ayer se estrenó como diputada local, brincando de San Lázaro a Gándara sin número, y compró una publicidad en feisbuc de 100 pesos para subir fotografías que, cuando diputada federal, la hicieron famosa… por no trabajar.