Ciudad de México, 3 de octubre de 2023.- Durante los próximos ocho meses, hasta el 2 de junio del próximo año, veremos a un inquilino de Palacio Nacional como operador principal de la campaña de Morena por la Presidencia de la República y la renovación de las cámaras de Diputados y Senadores, sin importar las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes en la materia. Esto se confirmó en la pasada gira por el Estado de México. Para ese efecto, no tienen relevancia ni el Instituto Nacional Electoral, ya acotado con una presidenta a modo, ni el Tribunal Electoral, paralizado y en vías de anulación en el Senado de la República. Es una cuestión de sobrevivencia política, no sólo para la continuidad del régimen de la autodenominada Cuarta Transformación, sino para Andrés Manuel López Obrador. No tiene margen para fracasar, su propia libertad está en juego, pues su papel en la historia de México ya está escrito, con letra escarlata por desgracia, con la sangre de más de un millón de víctimas.
El presidente está y estará muy ocupado en los siguientes meses, operando una estrategia electoral que ya confirmó su éxito en las entidades federativas, el último ejemplo y la joya de su corona es el Estado de México. No le interesa la legislación electoral ni los órganos de arbitraje y calificación de los comicios. Se enfrenta al Poder Judicial y pretende someterlo, sin éxito hasta el momento, por lo que lo amenaza con una reforma constitucional, pero no cuenta con los números suficientes en el Congreso para ello, por eso amaga con ganar todo en 2024 y poder aprobar su reforma a modo. Mientras, la integración del Tribunal Electoral sigue en jaque.
Ayer, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la comunicación mediante la cual la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, envió al Senado dos ternas para elegir quiénes cubrirán igual número de vacantes en el TEPJF a partir del próximo mes de noviembre. Pero, el gobierno federal y las bancadas de Morena y sus aliados en el Senado bloquean los nombramientos y no quieren correr riesgos al momento de arbitrar y calificar todos los litigios electorales en la antesala de elecciones federales. Tampoco ha sido procesada la vacante de la Sala Especializada en Radio y TV (CDMX) del TEPJF llegada desde hace cuatro meses.
La SCJN puede ordenarle al Senado se voten los nombramientos pendientes, pero el Senado puede, y lo hace desde hace meses, argumentar no hay consensos y no votarlos, como en el mismo caso de los comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia, en donde el máximo tribunal ordenó a los senadores realizar el proceso para designarlos. Hoy, los magistrados de la Suprema Corte concluyeron la cámara alta ha sido omisa en la designación de tres comisionados del INAI. La decisión se tomó por ocho votos a favor y dos en contra (Yazmín Esquivel, presunta plagiaria de tesis, y Loretta Ortiz, ambas incondicionales de AMLO). En total, suman 138 vacantes no designadas por el Senado. Así, el arbitraje electoral está incompleto, lo cual beneficia a Morena y sus violaciones a la legislación electoral. Los actuales magistrados tendrán más carga de trabajo. Mientras López Obrador, Claudia Sheinbaum, sus bandas en el Congreso y las de sus aliados siguen la embestida contra el Poder Judicial. Norma Piña resiste y contraataca, impulsando sentencias sin favorecer a la 4T.
A pesar de su discurso, AMLO está al frente de un proceso electoral viciado de origen y antidemocrático, violando permanentemente las leyes electorales y confiando en su impunidad, fundamentada en su enorme poder presidencial. Toda la estructura gubernamental trabaja para impulsar la campaña morenista, desde los secretarios del gabinete presidencial hasta el último de sus subordinados. “Estas conmigo o contra mí”, es su consigna de lucha comicial.
Los gobernadores ya tienen sus instrucciones e incluso sus cuotas de votos para poder llevar a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. Indispensable para el presidente es amenazar y amagar al que se ponga en frente, como lo ha hecho en los últimos cuatro años a través de sus conferencias mañaneras, lo mismo a representantes de medios de comunicación que a luchadores sociales, líderes populares y sindicales o empresarios, contra quienes se utilizan la Secretaría de Hacienda, el SAT y la UIF para intimidarlos y, de ser necesario, denunciarlos ante las fiscalías estatales o federal. Todos los días se amenaza a la población con que si no votan por Morena, se acabarán los programas sociales, aún y cuando éstos ya están en la Constitución. Ya controla el tabasqueño al árbitro electoral, al INE, y mantiene en jaque al TEPJF en el Senado de la República.
Durante su último año, López Obrador apurará la finalización de la construcción de sus obras faraónicas: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, y el ferrocarril transístmico. Los deja en manos de las Fuerzas Armadas para evitar se deshagan en mandos civiles, pues además de la construcción con sobrecostos escandalosos, inundadas de corrupción y en total opacidad, sirven para poco, y su inversión no se recuperará en los siguientes sexenios, pero si deberán ser sostenidas con subsidios públicos. Los militares son eso, militares, no empresarios o emprendedores para poder garantizar su éxito comercial y financiero. Son una mala inversión, ya se ve desde ahora.
En cuanto al ejercicio gubernamental, su tiempo prácticamente ya se agotó y no se avanzó en las promesas presidenciales de campaña: no hay menos corrupción, incluso infectó el círculo familiar presidencial; no hay paz y si exceso de violencia y mortandad; no hay atención a la salud; la educación está en shock y en vías de ser doctrinaria; el combate a la pobreza solo existe en los reportes oficiales, los cuales son desmentidos por investigaciones universitarias y de la sociedad civil; los menos favorecidos sobreviven por las remesas del extranjero y las dádivas de los programas sociales, pero hay más miseria; y la marcha económica se da por la coyuntura externa y la oportunidad del nearshoring, no por las políticas de la 4T. Del conjunto de fracasos el guión es el mismo: “es culpa” del pasado, y la responsabilidad se le resbala al mandatario, cuya popularidad se mantiene en alrededor de 60 por ciento.
La lucha electoral de AMLO, Morena y Sheinbaum está hacia afuera, intentando controlar todo el proceso, y sacando ventaja al Frente Amplio por México con denuncias, demandas y contrademandas contra los dirigentes opositores y sus legisladores. Tienen todo el aparato de administración y procuración de justicia para ello. Pero tal vez los retos estratégicos están hacia el interior, para evitar resquebrajarse, de ahí los gritos de unidad y organización en todos los eventos de la defensora nacional de la 4T, vulgo candidata presidencial de Morena, ante los retos de la elección federal de 2024. Durante la celebración del 12 aniversario del Morena, Sheinbaum insistió en ejecutar el “Plan C”, es decir, ganar las dos terceras partes de las cámaras de Senadores y Diputados y de los congresos locales, para poder aprobar reformas constitucionales, principalmente modificar al Poder Judicial y militarizar la Guardia Nacional.
“Tenemos que dar un ejemplo al mundo, de que los jueces y los ministros sean electos por el pueblo”, reiteró Sheinbaum en un evento donde se guardó un minuto de silencio por los encuestadores morenistas asesinados el fin de semana en Chiapas, en donde también está en veremos el sondeo para elegir candidato a la gubernatura.
Claudia Sheinbaum ocupa gran parte de su tiempo en restaurar las heridas que dejo su entronización. Se reúne con gobernadores y legisladores federales para pedirles trabajar unidos para alcanzar la mayoría calificada con la cual se garantice la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación. Quiere dejar atrás las heridas y el nombre de Marcelo Ebrard, quien sigue cuestionando su elección como abanderada presidencial de Morena. Apura a no parar la “revolución pacífica” iniciada en 2018. Los conceptos de Sheinbaum fueron reforzados en el Museo Interactivo de Economía, por Mario Delgado, el líder formal de Morena, quien cuestionó si esta generación está lista para hacer trascender a las siguientes generaciones o si se van a confundir, pensando que la lucha era por cargos y no por causas.
En la Ciudad de México, Puebla o Veracruz, entidades con un porcentaje significativo del padrón electoral, las fricciones internas trascendieron y obligan a Mario Delgado a poner “parches” en las listas de aspirantes de los liderazgos locales. Así, la cúpula partidista sumará más nombres a las encuestas a realizarse este mes, intentando mantener el control de los procesos internos.
El caso de la Ciudad de México es relevante, tanto por la importancia de la plaza como porque es el inicio del ejercicio del poder de Claudia Sheinbaum, incluso frente a su protector. Impulsa y defiende a Omar García Harfuch y el morenismo duro se lanza contra él, sobre todo cuando Alejandro Encinas declara que el ex secretario de Seguridad capitalino tiene imputaciones en el informe sobre la masacre de estudiantes de Ayotzinapa en 2014. También Martí Batres opera en contra de Harfuch –filtraciones sobre sus reprobados exámenes de confianza- y promueve a Clara Brugada. La lucha interna en la capital de la República es intensa y será de pronóstico reservado el resultado, el cual definirá en mucho la ruta a seguir en otras entidades con renovación de gobiernos y congresos.
Veracruz es otro caso sobresaliente. De acuerdo con el listado votado por los consejeros estatales morenistas, despuntó Rocío Nahle, secretaria de Energía, pero la funcionaria acumula señalamientos por beneficiarse de la construcción de la refinería de Dos Bocas. También se incluyó en la lista a la diputada federal Claudia Tella, quien es considerada sólo una comparsa; Eric Cisneros, secretario de Gobierno del mandatario local; y Zenyanesen Escobar, ex diputado local y amigo de Cuitláhuac García.
Aquí se prevé sean agregados más nombres: se habla de Manuel Huerta, delegado de programas sociales, Sergio Gutiérrez, diputado federal; Mónica Robles, integrante de una familia cercana al primer mandatario; y Citlali Navarro, jefa de la aduana en el Puerto de Veracruz. En Puebla, también crujió Morena: en la lista para seleccionar al candidato mediante una encuesta, están Julio Huerta, cercano al fallecido gobernador Miguel Ángel Barbosa; Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados; Olivia Salomón y Lizeth Sánchez García. Quedó fuera el senador Alejando Armenta, pero confía en que Mario Delgado lo incluya en la lista de agregados para participar en el proceso interno.
Tanto en la Ciudad de México como Puebla y Veracruz son entidades gobernadas actualmente por Morena, pero donde la oposición tiene posibilidades de llevarse la victoria, al igual que en Chiapas, azotada por el crimen organizado, y Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco enfrenta acusaciones de tratos con la delincuencia organizada, no obstante haber recibido el apoyo del inquilino temporal de Palacio Nacional. A esta lista de posibles pérdidas para Morena se agrega Guanajuato, Yucatán y Jalisco, gobernadas por la oposición y donde todo indica serán conservadas por el PAN, las dos primeras, y por MC la tercera.
Como se observa, la presunta “aplanadora” de Morena se ve muy destartalada, a pesar del apoyo total de la Federación para la elección más competida de la historia del país. Y su panorama electoral todavía se puede complicar más con la intervención del crimen organizado en los comicios federales.
DE LOS PASILLOS
“Claro que fue el Estado, sin duda”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer su hipótesis de lo sucedido en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con toda la información reunida hasta el momento. No obstante, el mandatario defendió a su antecesor, Enrique Peña Nieto, y al general ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al acotar “fue a nivel de autoridades locales”, entonces: ¿fue o no fue el Estado responsable?. Agregó a pregunta expresa de la reportera: “Si, tienes razón, defiendo al Ejército” ¿en sus años de lucha se imaginó que iba a estar defendiendo a las Fuerzas Armadas?…
La confrontación entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial sigue y sube de nivel. La Fiscalía General de la República anunció iniciará un procedimiento legal en contra del juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito y contra los magistrados que ratificaron la negativa, toda vez que, dice, actuaron en contra de la administración de justicia. Según la FGR, el tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar resolvió se negaba el mandamiento judicial obtenido, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establece: “Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”….
Ya sumaron y sumaron y se dieron cuenta de lo extraordinario de las remesas enviadas principalmente por nuestros paisanos trabajando en EU. Siguen rompiendo récord y alcanzaron en los últimos doce meses 62 mil millones de dólares y todos esos billetes verdes ¡no pagan impuestos! Por lo tanto el SAT exige ahora se reporte la llegada de la dolariza. ¡Qué tal!