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La dirigencia y varios integrantes de Morena comenzaron a tomar distancia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones lanzadas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Aunque inicialmente el partido cerró filas en su defensa, en los últimos días el discurso cambió y ahora predominan llamados a respetar las investigaciones y evitar proteger a cualquier funcionario involucrado en actos de corrupción o crimen organizado.
El caso explotó después de que fiscales estadounidenses presentaran una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta conspiración para facilitar operaciones del narcotráfico. Según documentos judiciales difundidos en Estados Unidos, el mandatario habría recibido apoyo político y protección electoral a cambio de favorecer al grupo criminal en la entidad. Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque político y una violación a la soberanía mexicana.
Ante la presión internacional y el creciente costo político, figuras morenistas dejaron de respaldarlo abiertamente. Legisladores y dirigentes comenzaron a señalar que “no habrá impunidad” si existen pruebas reales. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con reportes internacionales, pidió en reuniones privadas con integrantes de Morena que cualquier funcionario relacionado con corrupción o vínculos criminales se separe del cargo para evitar afectar al movimiento.
Mientras tanto, la situación en Sinaloa continúa deteriorándose. Las autoridades financieras mexicanas congelaron cuentas bancarias de Rocha Moya y de otros implicados señalados por Estados Unidos, aunque el Gobierno federal aclaró que esto no representa una sentencia de culpabilidad. Paralelamente, la Fiscalía General de la República solicitó más pruebas a Washington antes de proceder con cualquier acción judicial formal o eventual extradición.
La crisis ya provocó fuertes tensiones internas dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027, especialmente porque algunos de los señalados eran considerados perfiles importantes para futuras candidaturas en Sinaloa. Analistas políticos consideran que el principal temor dentro del oficialismo es que las investigaciones estadounidenses sigan avanzando y terminen involucrando a más figuras del partido gobernante.






