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CHIHUAHUA.- En enero —se estima— quedará concretada la modificación al sistema de transporte público. A partir de entonces, se instalarán en las unidades, de forma paulatina, los chips con sistema de geolocalización en tiempo real, se iniciará la renovación de camiones y se definirá el aumento de tarifa, hecho que ha generado polémica, pues, conforme ha trascendido, los transportistas llegaron a negociar dos alternativas: o el aumento drástico o la eliminación de la tarjeta preferencial.
El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, adelantó que, en vistas de los avances de los diálogos con los concesionarios, se espera que el primer mes de 2023 se formalice el acuerdo para la reforma a la Ley Estatal de Transporte. Hasta el momento, el eje de las reuniones prevalece: fijar los compromisos por parte de los trabajadores para, así, generar un panorama que amerite la renovación del transporte público.
Reunidas las declaraciones ofrecidas por servidores públicos estatales en los últimos meses, los puntos que destacan son: la incorporación de GPS en cada ruta, para que, así, desde una plataforma abierta a la población general —acaso mediante una aplicación móvil—, se puedan monitorar los trayectos y, al mismo tiempo, se pueda comprobar si los conductores cumplen los horarios de circulación y, sobre todo, la última vuelta reglamentaria.
Acerca de esto, el jefe de la Federación de Sindactos Independientes, Francisco Salcido, llegó a advertir que existen inspectores de transporte corruptos que aceptan sobronos de choferes para permitirles concluir su jornada laboral más temprano y retirarse a sus hogares, acción que repercute a trabajadores nocturnos, estudiantes y ciudadanía en general, quienes terminan esperando en la parada o en la terminal del Bowí, sin remedio, por una ruta que dejó de circular.
En medio de los encuentros entre el funcionariado y los transportistas se ha especulado la propuesta de que los pasajes suban, mínimo, cuatro pesos por persona, incrementando los costos a 13 pesos para las rutas troncales y 11 para las alimentadores. Si no, demandaron que se dejaran de implementar los descuentos para estudiantes, gente con discapacidad y adultos mayores.
Más allá de la adquisición de camiones más modernos, resalta la propuesta del subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre Aguilera, quien aseguró que la nueva tarifa se definiría con base en contrastar los costos de combustible por kilómetro usado en Chihuahua con el usado en las principales ciudades del norte del país.
