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La pretensión del Ejecutivo federal sobre la permanencia de los militares en las calles, en labores de seguridad pública, es un hecho hasta 2028, al ser aprobada la reforma constitucional por mayoría de los Congresos estatales.

Sin embargo, por resolución judicial queda en suspensión definitiva el pase de la Guardia Nacional a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad y otros amparos interpuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) y por numerosas organizaciones que se oponen a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al respecto, el reciente fallo de la jueza novena de Distrito, Karla María Macías Lovera, que ordena mantener a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es un atento aviso al gobierno federal de que no ha logrado convencer a buena parte de la ciudadanía.

Para sus efectos, la jueza acudió a los artículos constitucionales 21, 129 y 82, relativos a las limitaciones de los militares en seguridad pública y asuntos civiles.

Tal indefinición de las máximas autoridades pone un ingrediente de incertidumbre en el combate a la inseguridad pública.

En tanto, la criminalidad sigue haciendo de las suyas con un salvajismo insospechado (137 mil 369 ejecuciones al 24 de octubre del presente, acumuladas en este gobierno, según datos oficiales).

Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, México sigue en medio de masacres en las que no solo malvivientes caen ante las balas, sino muchos inocentes –lo que más duele-, ciudadanos de a pie y menores de edad.

El trasfondo de tales desacuerdos es que el poder Ejecutivo Federal desconoce la Carta Magna –o pretende ignorarla-, lo que lo ha puesto en contradicciones que nada aportan a su credibilidad.

Antes de presentar sus iniciativas, el presidente haría bien en someterlas a los expertos para evitar las controversias.

Lo importante es que ni en manos de las fuerzas policiales ni de las militares los gobernantes han logrado reducir la inseguridad en un porcentaje significativo.

Lo que se ha visto hasta la fecha y durante varios sexenios es que todos han tenido intentos fallidos y a lo más que llegan es a cambiar nombres y uniformes a las corporaciones.

Sin definiciones claras y sin acuerdos políticos de todos los actores, las cifras de la criminalidad seguirán inamovibles o aumentando, en el peor de los casos.