La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que los migrantes vandalizan tiendas y cometen delitos en ciudades del norte de México, como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Laredo y Matamoros, donde esperan una oportunidad para entrar a Estados Unidos.
“Instamos a las autoridades a tomar acciones con prontitud y determinación para enfrentar esta crisis migratoria, velando por la seguridad y la calidad de vida de todos los ciudadanos”, llamó Héctor Tejada Shaar, presidente de Concanaco Servytur.
Las cámaras empresariales de las zonas fronterizas señalan que los migrantes cometen conductas inapropiadas, como invasión y daño a espacios públicos y privados.
“(Hay) vandalismo en corredores comerciales, alteración del orden público, enfrentamientos con las autoridades, robos, asaltos, acoso sexual a mujeres y un riesgo inminente para la salud pública debido a la falta de vacunas e inmunizaciones”, afirmó el organismo empresarial.
Héctor Luján y Ángel de la Puerta, vicepresidentes de las regiones noreste y noroeste de la Concanaco Servytur, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan y salvaguarden la paz y la tranquilidad social en nuestras ciudades.
Las regiones del organismo empresarial comprenden a las cámaras locales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entidades donde se ubican urbes como Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Luis Río Colorado, Nogales, Monterrey, Puerto Peñasco, Ciudad Acuña, Torreón, Camargo, Laredo, Río Bravo y Piedras Negras.
De acuerdo con el Inegi, hay un importante núcleo de generación de riqueza a través de más de 534 mil negocios dedicados al comercio, servicios y turismo en la ciudades de la frontera norte de México.
“Es de conocimiento público que la llegada masiva y descontrolada de personas migrantes a las ciudades fronterizas genera un riesgo social significativo y ejerce una presión desmedida sobre nuestras comunidades, debido a la alta demanda de atención y servicios básicos”, comentó Tejada Shaar.
“Nuestras ciudades no cuentan con la preparación necesaria para recibir a estos grupos y mucho menos para hacer frente a sus exigencias”, agregó.
Aunque saben que sí existen esfuerzos encaminados a solucionar esta grave problemática, la falta de decisiones y respuestas tajantes por parte de las autoridades ha provocado un desorden social nunca antes visto, alertó el empresario.
Ante esta problemática, solicitó la intervención directa de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal y las autoridades locales y estatales para establecer medidas concretas, restablecer el orden y la tranquilidad en las ciudades fronterizas.
Es fundamental, apuntó, el desarrollo de una política pública adecuada que aborde de manera efectiva la situación migratoria.
“Estamos dispuestos a colaborar en estrecha coordinación con todas las instancias y niveles de gobierno para coadyuvar en el control de esta situación y brindar certidumbre a nuestras comunidades”, explicó el presidente del organismo empresarial.
En 2022 fueron registrados, de acuerdo con información de la propia Segob, 444 mil 439 eventos de personas en situación irregular en México, 43.5% más que en 2021; a su vez, entre ese último año y 2020, el número de eventos de personas en situación irregular aumentó 275.9%.
La grave crisis migratoria que vive en la zonas fronterizas de nuestro país hace imprescindible que en el Instituto Nacional de Migración (INM), o en el nuevo organismo que pudiera sustituir su función, se incluya de manera prioritaria la conformación de un consejo consultivo integrado por representantes de la Iniciativa Privada y la sociedad civil -con presencia de especialistas nacionales e internacionales en Derechos Humanos-.
Así, en la nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico), anunciada por el padre y activista Alejandro Solalinde, debe garantizarse esta participación.
En Concanaco Servytur, en coordinación con las Cámaras Nacionales, estamos comprometidos con el bienestar de nuestras ciudades y sus habitantes, y desde luego, con la defensa férrea del Estado de Derecho.