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El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, estremeció a todo el país y encendió las alarmas dentro del gobierno federal. El crimen, atribuido a un grupo del narcotráfico, generó una ola de indignación y miedo en la región.

Como respuesta inmediata, el Ejecutivo anunció el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia”, un operativo que moviliza a más de 10 500 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El plan busca recuperar el control del estado, golpear la estructura de los cárteles y garantizar la seguridad de productores agrícolas, comerciantes y ciudadanos que han sido víctimas de extorsión.

Además, se informó que se destinarán 57 mil millones de pesos a reforzar la seguridad pública, construir cuarteles y modernizar la policía estatal con tecnología de rastreo y monitoreo por drones.

En el acto oficial, la esposa del alcalde asesinado, Grecia Quiroz, asumió el cargo y prometió continuar con la agenda de su esposo, enfocada en limpiar la administración local y recuperar la confianza ciudadana.

Las principales zonas productoras de aguacate y limón, afectadas por cobros ilegales, recibirán vigilancia especial para evitar que el crimen organizado siga controlando sus ingresos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cada quince días se informarán los avances del operativo, que también contempla la captura de líderes criminales y la depuración de policías municipales.

Sin embargo, especialistas en seguridad advirtieron que el problema no se resolverá solo con presencia militar: se necesita fortalecer la justicia local, ofrecer empleo y educación, y cortar las fuentes de dinero de los grupos armados.

El operativo se presenta como el primer gran ensayo de la nueva administración en su política de seguridad nacional, con Michoacán como el epicentro del esfuerzo.

El país observa con atención si este plan millonario logra lo que tantos antes no pudieron: devolver la paz a una tierra golpeada por la violencia, la corrupción y el narcotráfico.