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El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, después de que la ex primera ministra Betssy Chávez buscara refugio en la embajada mexicana en Lima.

Chávez enfrenta cargos por su participación en el intento fallido del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en 2022, por lo que está acusada de rebelión y conspiración.

El gobierno peruano consideró que el otorgamiento de asilo político representa una intromisión en sus asuntos internos y una violación a su soberanía nacional.

Desde México, el gobierno no ha emitido una declaración formal, aunque fuentes diplomáticas señalan que se actuó conforme a las normas internacionales de asilo.

Este conflicto marca un momento de tensión en las relaciones entre ambos países y podría afectar acuerdos bilaterales en materia de comercio, cultura y cooperación política.

Analistas destacan que México ha sido históricamente un país que ofrece asilo a perseguidos políticos, lo que ahora se interpreta por algunos gobiernos como un gesto de alineamiento ideológico.

La ruptura también tiene implicaciones regionales, ya que muestra las divisiones políticas en América Latina entre gobiernos de izquierda y de derecha.

Aunque el asilo no garantiza impunidad, sí representa un desafío para las autoridades peruanas que buscan aplicar justicia dentro de su jurisdicción.

Los próximos días serán clave para saber si se abre una vía diplomática que permita recomponer el diálogo o si la tensión se mantendrá